El antiguo edificio de Correos de Elche volverá a estar al servicio de la ciudad después de casi dos décadas sin uso. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la cesión del inmueble al Ayuntamiento de Elche, que podrá destinarlo a dependencias municipales, y ha enmarcado el acuerdo en una actuación de recuperación de patrimonio público para ponerlo de nuevo al servicio de los vecinos.
Pérez Llorca ha visitado el edificio junto al alcalde de Elche, Pablo Ruz, donde ambos han avanzado un acuerdo que desbloquea la falta de uso de este inmueble, ubicado en pleno centro de la ciudad y que durante décadas fue un punto de referencia para varias generaciones de ilicitanos.
El edificio se asienta sobre una parcela de aproximadamente 444 metros cuadrados y, según ha explicado el jefe del Consell, servirá para desarrollar usos acordes con las necesidades presentes y futuras de los vecinos de Elche como dependencias municipales.
La operación incluye además la cesión del local anexo de la calle Camilo Flammarion, con una superficie de 322 metros cuadrados. Este espacio ya fue reformado por el Consell y está preparado para acoger actividades formativas relacionadas con la innovación y las nuevas tecnologías.
Correos vuelve a ser patrimonio municipal
Durante su visita, Pérez Llorca ha destacado que el acuerdo permite dar salida a una situación enquistada durante años y recuperar para la ciudad un edificio emblemático. El president también ha criticado la compra de inmuebles de Correos realizada en la legislatura anterior y ha censurado el desembolso de 37 millones de euros por parte de la Generalitat para adquirir edificios en varias ciudades «por una consigna política y sin ninguna planificación ni previsión de qué hacer con ellos».
Frente a esa situación, ha asegurado que «este Consell ha solucionado esta iniciativa para darle utilidad a estos edificios y ponerlos a disposición de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana».
Además, ha presentado esta cesión como un ejemplo de colaboración institucional y de gestión responsable del patrimonio entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche, después de conocer las propuestas municipales para este inmueble. En este sentido, ha subrayado que el acuerdo se ha alcanzado «tras escuchar sus ideas y su proyecto para este inmueble».
La Generalitat anuncia nuevas alegaciones para defender El Pinet
La jornada institucional en Elche también ha estado centrada en la situación de El Pinet. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha defendido los derechos de los vecinos de núcleos costeros como El Pinet y ha anunciado que la Generalitat presentará en los próximos días nuevas alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Martínez Mus ha realizado este anuncio durante su visita a la playa de El Pinet, donde se ha reunido con vecinos y colectivos afectados por la modificación del Reglamento que quiere impulsar el Ministerio. En el encuentro han estado presentes el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana; el concejal de Medio Ambiente de Elche, José Antonio Román; el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez; y la pedánea de La Marina, Mari Carmen Molina.
El conseller ha trasladado el compromiso de la Generalitat con este enclave de especial valor ambiental, paisajístico y social para el municipio y para el conjunto de la Comunitat Valenciana, así como su apoyo a las personas afectadas. En este sentido, ha señalado que el conjunto de la playa de El Pinet en Elche es «uno de los que podría tener la catalogación de núcleo de valor etnológico en nuestra ley valenciana de protección de la costa».
Martínez Mus ha remarcado además que este respaldo «no se queda en las palabras, sino que se traduce en acciones concretas», entre las que ha situado la presentación de estas nuevas alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas. «La pregunta es qué ganamos con la propuesta del Gobierno para quitar estas casas costeras tradicionales como las de El Pinet», ha señalado.
El Consell cuestiona los criterios del Reglamento de Costas
Las alegaciones de la Generalitat se sustentan en que el Consell ha detectado cuestiones de carácter técnico en el proyecto de Reglamento que considera necesario corregir, aunque sigue defendiendo que sería más adecuado revisar la propia Ley estatal de Costas en lugar de modificar el Reglamento, al entender que esa vía permitiría introducir los cambios necesarios con un marco normativo más adecuado.
En cualquier caso, la Generalitat plantea una propuesta alternativa con el objetivo de defender los intereses de la Comunitat Valenciana y compatibilizar la protección del litoral con los derechos de los ciudadanos y el desarrollo sostenible de los municipios costeros. Estas nuevas alegaciones se sumarán a las ya presentadas anteriormente ante el Gobierno y buscan reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos, municipios y actividades vinculadas al litoral.
El Pinet representa uno de los casos más significativos del litoral valenciano. Se trata de un enclave con una fuerte identidad histórica y paisajística, donde existen viviendas tradicionales construidas hace décadas que forman parte de la imagen característica de este tramo de costa y que actualmente se encuentran afectadas por distintos procedimientos derivados de la aplicación de la normativa estatal de Costas.
La situación de este enclave se enmarca, además, en una problemática más amplia que afecta al conjunto del litoral de la Comunitat Valenciana, uno de sus principales activos ambientales, sociales y económicos. Según ha recordado el vicepresidente, más del 70 % de la población vive a menos de diez kilómetros de la costa y una parte muy importante de la actividad económica se desarrolla junto al mar.
Defensa conservación del litoral
Por ello, Martínez Mus ha defendido que «la Generalitat defiende que la conservación del litoral debe seguir siendo un objetivo prioritario, pero desde el equilibrio entre la preservación del dominio público marítimo-terrestre, los derechos de los ciudadanos y el desarrollo sostenible de los municipios costeros».
Asimismo, ha rechazado que «un único temporal excepcional pueda servir para modificar de forma permanente los límites del dominio público marítimo-terrestre». La Generalitat considera que este planteamiento puede generar «inseguridad jurídica y afectar a propietarios, actividades económicas y municipios costeros».
Frente a una respuesta centrada en la modificación de los criterios de deslinde y el aumento de las restricciones, Martínez Mus ha destacado que el Consell «plantea actuar sobre la regresión litoral mediante la regeneración de las playas, la recuperación del equilibrio sedimentario y la ejecución de inversiones que permitan proteger de forma efectiva la costa».
