Una mujer, su pareja y el hijo de este se han enfrentado esta semana a una petición de cuatro años y medio de prisión por parte de la Fiscalía en Alicante. Se les ha acusado de un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible para evitar el pago de una deuda con la Agencia Tributaria.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado de que el juicio se ha señalado para este miércoles, a las 9.30 horas, en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante. Además, se ha previsto una segunda y última sesión para el viernes, con lo que la vista ha quedado concentrada en dos jornadas.
Según el relato acusatorio, la mujer mantenía una deuda tributaria acumulada con Hacienda. Para el Ministerio Fiscal, ella habría donado varias propiedades y vehículos a su pareja y al hijo de este, también procesados, con la finalidad de impedir que el acreedor público pudiera recuperar el dinero adeudado.
Detalles de la presunta maniobra para eludir la deuda
La Fiscalía ha sostenido que entre los ejercicios 2016 y 2017 la acusada ingresó más de 54.300 euros en sus cuentas bancarias. Esas cantidades, siempre según la acusación, no fueron ni declaradas ni justificadas ante la Agencia Tributaria, lo que motivó una inspección fiscal.
Tras esa inspección, se ha iniciado el procedimiento para reclamarle el importe correspondiente. En ese contexto, y durante la tramitación administrativa, la mujer habría ejecutado varias operaciones patrimoniales que ahora se investigan como alzamiento de bienes.
En concreto, la acusación pública ha señalado que la mujer donó una propiedad al hijo de su pareja. Además, enajenó dos turismos a una empresa propiedad de su compañero sentimental, también acusado en la causa, y habría destinado el dinero obtenido a otros fines distintos al pago de la deuda tributaria.
Para el Ministerio Fiscal, estas operaciones han tenido como objetivo situar su patrimonio fuera del alcance de la Agencia Tributaria y dificultar así el cobro de la deuda. Por ello, ha solicitado inicialmente para cada uno de los tres procesados una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito de insolvencia punible o alzamiento de bienes.
La decisión final corresponderá al tribunal de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante, que deberá valorar las pruebas practicadas en las dos sesiones del juicio antes de dictar sentencia.
