La Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado penitenciario concedido por el Gobierno vasco a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Óscar Celarain, al entender que aún no se han consolidado los factores que avalarían su reinserción y que, por tanto, no se cumplen los requisitos para su semilibertad.
En ambos casos, el juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, ha estimado los recursos de la Fiscalía. El magistrado considera que la progresión a tercer grado resulta prematura y que las trayectorias de desvinculación de la banda y de reinserción deben acreditarse durante más tiempo.
El caso de Juan Antonio Olarra Guridi
El pasado 19 de mayo, el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a Olarra Guridi, exjefe del aparato militar de ETA, interno en la cárcel de San Sebastián. Ha tenido en cuenta su evolución favorable, la asunción de responsabilidad y su participación en programas de justicia restaurativa.
Olarra Guridi fue condenado en 2007 a 1.253 años de prisión por el atentado contra una furgoneta de la Armada en 1995 en Vallecas, en Madrid, en el que murieron seis personas. Posteriormente recibió otra condena de 1.000 años por ordenar el atentado del 6 de noviembre de 2001 contra el subsecretario de Política Científica, Juan Junquera, que dejó 95 heridos, aunque el alto cargo resultó ileso.
El juez reconoce una evolución positiva del interno, pero subraya el abundante cómputo de condena pendiente, que se prolonga hasta 2036. Añade que los procesos de desvinculación y reinserción exigen tiempos largos de verificación y una trayectoria sostenida cuando concurren pluralidad de víctimas, violencia extrema y alta lesividad.
Por ello, considera que aún debe constatarse la consolidación de los factores positivos observados en el actual régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que se aplica a Olarra Guridi. Ese régimen le permite disfrutar de salidas al exterior mediante permisos, que, según el magistrado, pueden servir para afianzar el pronóstico individualizado de reinserción.
En su resolución, el juez concluye que se hace necesario constatar la evolución positiva, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos delictivos y la fase actual de cumplimiento de las penas.
Revocado el tercer grado al condenado por el atentado de Santa Pola
El Gobierno vasco también ha concedido el tercer grado el pasado mes de junio a Óscar Celarain, preso de ETA condenado, entre otros hechos, por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en Alicante, perpetrado en agosto de 2002. En aquella acción murieron dos personas, una de ellas una niña de 6 años.
En un manuscrito de 2022, Celarain afirmó que había llegado a la conclusión de que la violencia no tuvo que producirse en ningún caso. En ese escrito asumía la responsabilidad por la muerte de la niña del atentado de Santa Pola y del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia en 2001, y lamentaba el dolor causado.
Desde febrero, el interno en la prisión de Álava se beneficiaba de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Ese régimen le permitía salir de lunes a viernes para trabajar en una panificadora en Hernani y realizar tareas de voluntariado por las tardes.
Sin embargo, el juez de vigilancia penitenciaria destaca, en línea con el Ministerio Fiscal, que la concesión de ese régimen no ha sido todavía avalada judicialmente. Además, sostiene que no ha habido tiempo suficiente para consolidar la eficacia del programa, por lo que califica la progresión al tercer grado de prematura y precipitada.
La Junta de Tratamiento de la prisión defendía que Celarain, que tiene previsto el cumplimiento de condena en 2032, asume correctamente la normativa institucional. También valoraba que hace un buen uso de los permisos, cuenta con apoyo familiar e institucional, dispone de una oferta laboral y muestra una motivación actual favorable al cambio, con un pronóstico de reincidencia medio bajo.
Las dos progresiones a tercer grado ahora revocadas han sido criticadas por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite. La asociación ha censurado las decisiones que viene adoptando el Gobierno vasco en materia penitenciaria respecto a antiguos dirigentes de ETA.
