La Unió Llauradora i Ramadera ha iniciado la creación de un colectivo de propietarios afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno. La infraestructura recorrerá 23 municipios de la provincia de Alicante y un total de 100 localidades de la Comunitat Valenciana.
La organización pretende defender unas expropiaciones transparentes, unas indemnizaciones ajustadas al valor real de los terrenos y la protección de las explotaciones agrícolas. La construcción del corredor y la adaptación de las infraestructuras existentes están previstas entre 2028 y 2029.
El proyecto contempla un recorrido de 393 kilómetros en territorio valenciano. El tramo alicantino presenta dos situaciones diferentes, ya que una parte podría requerir nuevas ocupaciones mientras que otra utilizará el actual conducto paralelo a la red de gas natural.
Tibi y Xixona marcan el cambio entre los dos tramos
Las principales actuaciones expropiatorias se concentrarán previsiblemente entre Montesa o Albaida, en la provincia de Valencia, y el eje Tibi-Xixona. Este recorrido atravesará el interior de Alicante antes de conectar con la infraestructura existente.
A partir de Tibi-Xixona y hasta la entrada del corredor en la Región de Murcia, el proyecto prevé reutilizar el conducto ya construido. Por este motivo, en esa parte del trazado no se contemplan, en principio, nuevas expropiaciones.
Los 23 municipios alicantinos afectados son Agost, Albatera, Alicante, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Castalla, Cox, Crevillent, Elche, Granja de Rocamora, Ibi, Onil, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, San Isidro, San Vicente del Raspeig y Tibi.
El trazado discurrirá así por municipios del interior, l’Alcoià, el Vinalopó, l’Alacantí, el Baix Vinalopó y la Vega Baja. Parte de estas localidades mantiene una importante actividad agrícola y ganadera.
LA UNIÓ considera que la implantación de infraestructuras estratégicas debe ser compatible con la conservación del sector agrario. La organización recuerda que las explotaciones son un patrimonio productivo, económico y medioambiental para las zonas rurales.
La entidad mantendrá una interlocución directa con la empresa promotora para exigir las máximas garantías durante el procedimiento. Una de sus principales demandas será que las indemnizaciones se calculen con criterios técnicos y agrarios.
LA UNIÓ pide que las valoraciones reflejen el valor real de las explotaciones y los cultivos afectados. También reclama que se tengan en cuenta las pérdidas de producción, los daños sobre las instalaciones y las posibles limitaciones futuras.
La organización exigirá que las obras alteren lo menos posible el trabajo diario de agricultores y ganaderos. Para ello, reclama que se garantice el acceso a las fincas y el funcionamiento de las infraestructuras de riego.
La construcción del corredor también deberá respetar caminos rurales, acequias, tuberías y otras instalaciones necesarias para mantener la actividad. Cualquier daño deberá repararse y compensarse de forma adecuada.
LA UNIÓ reclama además una restauración completa de los terrenos cuando terminen las obras. Esta recuperación deberá incluir la reposición de la tierra vegetal, la retirada de residuos y el restablecimiento de la capacidad productiva.
Para la organización agraria, «la modernización energética no debe hacerse a expensas del campo valenciano». La entidad defiende que las infraestructuras de interés general deben incorporar criterios de sostenibilidad social y territorial.
El corredor también recorrerá 54 municipios de la provincia de Valencia y 23 de Castellón. Desde Cataluña hasta Montesa o Albaida también se utilizará el conducto existente, por lo que en ese recorrido no se prevén nuevas expropiaciones.
La organización reclama a las administraciones públicas que supervisen el proceso. Pide un procedimiento transparente, valoraciones objetivas y compensaciones suficientes para evitar daños irreparables sobre las explotaciones.
LA UNIÓ ofrecerá asesoramiento técnico y jurídico a los propietarios alicantinos afectados. Asimismo, comunicará los avances del proyecto y acompañará a los titulares durante los diferentes trámites.
La entidad ha llamado a los propietarios de las fincas incluidas en el trazado a incorporarse al colectivo. El objetivo es reforzar la defensa conjunta de sus derechos ante la Administración y la empresa promotora.
