La Agencia Tributaria ha desplegado en la Comunitat Valenciana una actuación inspectora sobre 19 locales inmobiliarios dentro de la Operación Insulae, un dispositivo estatal dirigido a detectar posibles prácticas de fraude fiscal en empresas de intermediación inmobiliaria.
La investigación se centra en agencias vinculadas a operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles. Hacienda analiza posibles cobros en efectivo no declarados, comisiones declaradas parcialmente y otros pagos que podrían haberse ocultado a la administración tributaria.
El operativo se ha desarrollado de forma coordinada en seis comunidades autónomas. En total, los funcionarios de la Agencia se han personado en 41 locales de doce provincias, con actuaciones de comprobación sobre 49 sociedades y empresarios y 18 personas físicas vinculadas.
La Comunitat Valenciana concentra 19 locales afectados
La Comunitat Valenciana es el territorio con mayor número de locales incluidos en el dispositivo, con 19 establecimientos. La nota de Hacienda no detalla el reparto provincial de esas actuaciones, por lo que no concreta si las inspecciones afectan a Alicante, Valencia o Castellón.
Además de la autonomía valenciana, la operación se extiende a Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Madrid. La Agencia Tributaria ha movilizado a más de 170 funcionarios del Área de Inspección, entre ellos personal de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Los inspectores han accedido a documentación contable, información auxiliar y registros digitales de las empresas investigadas. Ese material servirá para comprobar si existen ingresos no declarados o irregularidades fiscales vinculadas a la actividad inmobiliaria.
Cobros en efectivo y servicios vinculados al alquiler
La Agencia Tributaria ha activado esta operación tras analizar denuncias previas sobre posibles irregularidades en el sector. Según esas denuncias, algunas empresas habrían utilizado dinero en efectivo para cobrar comisiones no declaradas o declaradas solo en parte.
Hacienda también examina posibles cantidades cobradas a inquilinos que podrían ser contrarias a la Ley de Vivienda. Entre ellas figuran comisiones prohibidas y pagos por servicios complementarios, como informes, visitas a viviendas o gestiones relacionadas con contratos de alquiler.
La investigación incluye, además, posibles bonus o porcentajes abonados a comerciales sin reflejo en sus nóminas. La Agencia considera que estas prácticas podrían generar ingresos ocultos tanto en las sociedades como en personas vinculadas a ellas.
El sector inmobiliario, bajo mayor vigilancia fiscal
La actuación se produce en un contexto de crecimiento del mercado inmobiliario. Hacienda recuerda que las agencias ya intervienen en torno al 70 % de las operaciones de compra y alquiler de viviendas en España, según datos sectoriales.
La Operación Insulae forma parte del refuerzo del control fiscal previsto en las Directrices del Plan de Control de la Agencia Tributaria para 2026. Este plan pone el foco en actividades con uso intensivo de efectivo y en contribuyentes con signos externos de riqueza que no encajan con sus rentas declaradas.
Las inspecciones continuarán durante los próximos meses. La Agencia Tributaria analizará la información obtenida para regularizar posibles incumplimientos y abrir nuevas líneas de investigación si detecta indicios de fraude.
Con este dispositivo, Hacienda suma ya 27 macrooperaciones sectoriales coordinadas en algo más de una década.
