El Consell ha dado luz verde al anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales para 2026, una norma que combina una rebaja del tramo autonómico del IRPF con cambios en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para favorecer el relevo generacional de las empresas familiares.
La iniciativa ha sido presentada por el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, acompañado por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.
Tras su aprobación por el Pleno del Consell y una vez finalizado el periodo de exposición pública, la norma continuará ahora su tramitación con los informes del Consell Jurídic Consultiu y del Consejo Económico y Social.
Cambios fiscales para las empresas familiares
Uno de los ejes del anteproyecto es la modificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para facilitar la continuidad de las empresas familiares. Según ha explicado Rovira, la reforma amplía el círculo de potenciales beneficiarios hasta el cuarto grado de parentesco.
El conseller ha señalado que, con esta medida, el Gobierno valenciano facilita el relevo generacional de la empresa familiar «más allá de padres a hijos».
La Generalitat enmarca esta reforma en la necesidad de reforzar la viabilidad de negocios que representan más del 90 % del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana. El objetivo es contribuir a garantizar su continuidad, preservar la actividad económica y mantener el empleo vinculado a estas empresas.
Rebaja autonómica del IRPF
El anteproyecto también incorpora una reducción de los tipos autonómicos del IRPF que beneficiará a cerca de 2,7 millones de contribuyentes y generará un ahorro fiscal estimado de 160 millones de euros.
Rovira ha explicado que la Ley de Acompañamiento «contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en todos los tramos, con una intensidad mayor para las rentas medias y bajas, especialmente entre los niveles de renta comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros».
Según los datos expuestos por la Generalitat, el 72 % de las personas beneficiarias tiene rentas inferiores a 30.000 euros. Además, el 87,3 % del ahorro total se concentrará en contribuyentes con rentas por debajo de 80.000 euros.
La reforma mantiene la progresividad del impuesto y prevé reducciones de tipos de entre 0,2 y 0,6 puntos porcentuales, sin modificaciones para las rentas superiores a 150.000 euros.
El conseller ha señalado que el Consell «alivia fiscalmente a las rentas medias, que siempre han sido las grandes olvidadas». También ha explicado que una familia con renta de entre 30.000 y 40.000 euros podrá ahorrar hasta 650 euros entre la reducción del tramo autonómico del IRPF y las nuevas deducciones.
La aplicación de la rebaja tendrá efectos en la declaración correspondiente al ejercicio 2026, cuya campaña se desarrollará en 2027.
Garantías en vivienda protegida
El anteproyecto incorpora además modificaciones en materia de vivienda de protección pública. Camarero ha explicado que los cambios buscan «reforzar todavía más los controles, la seguridad y la transparencia en las viviendas VPP».
La vicepresidenta primera ha afirmado que la Generalitat pretende introducir «más claridad y más control para garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible».
Entre las medidas previstas, los promotores privados deberán publicar y justificar los criterios de selección de compradores mediante registros de solicitantes desde la calificación provisional. Asimismo, se crea una comisión de valoración para supervisar todos los expedientes de visado antes de cualquier aprobación.
También se incorpora la posibilidad de valorar el arraigo o la vinculación continuada con el municipio en promociones desarrolladas sobre suelo público mediante colaboración público-privada.
Camarero ha defendido que esta modificación atiende una reivindicación planteada por vecinos y alcaldes sobre la preferencia de las personas residentes en un municipio para acceder a promociones de vivienda protegida. Según ha concluido, estos cambios permiten dar «un paso más para dotar de mayores garantías a todos los ciudadanos a la hora de acceder a una vivienda de protección pública».
