La Policía Nacional ha detenido a once personas en tres operaciones diferentes contra la explotación sexual de mujeres en situación económica precaria. Las investigaciones han permitido liberar a varias víctimas, entre ellas una menor de 15 años que era obligada a gestionar llamadas de clientes desde uno de los pisos investigados.
Los agentes han desarticulado dos organizaciones criminales y han intervenido en dos prostíbulos ubicados en Madrid. Los arrestados están considerados presuntos autores de delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y organización criminal relativos a la prostitución. Dos de ellos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.
Una menor obligada a atender hasta 100 llamadas diarias
Una de las investigaciones comenzó en octubre tras la denuncia de una víctima. La mujer había sido captada en su país de origen y trasladada a España para ser explotada sexualmente en condiciones degradantes.
La organización utilizaba personas de confianza para convencer a las víctimas y traerlas a España. Una vez en el país, las mujeres quedaban sometidas a normas estrictas, control permanente y vigilancia mediante cámaras. Los investigadores sostienen que las amenazaban, las coaccionaban y les impedían abandonar libremente el domicilio.
Entre las víctimas liberadas se encontraba una menor de 15 años. La joven era obligada a atender llamadas, gestionar citas e informar a los clientes sobre precios, formas de pago y servicios. Para ello manejaba cuatro teléfonos móviles y podía recibir hasta 100 llamadas al día.
Esta parte de la operación culminó con entradas y registros en dos domicilios de Madrid. Los agentes detuvieron a dos personas en la capital y a una tercera en Alicante. En total, en esta fase fueron liberadas cuatro víctimas.
Deudas de 10.000 euros y un sistema de multas
En otra actuación, la Policía Nacional intervino en un domicilio de Madrid y liberó a otras cuatro mujeres obligadas a ejercer la prostitución. Habían sido captadas en el extranjero con la promesa de unas condiciones laborales favorables.
Al llegar a España, la organización les comunicaba que habían contraído una deuda de 10.000 euros. Esa cantidad debía saldarse mediante la explotación sexual. Además, las víctimas estaban sometidas a un régimen de trabajo de siete días a la semana y a un sistema de multas.
Las sanciones podían alcanzar los 100 euros si no acudían a trabajar, incluso estando enfermas, o si llegaban tarde. Los investigadores también señalan que las mujeres no podían rechazar determinadas exigencias de los clientes, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad.
Captación a través de páginas eróticas
La tercera investigación comenzó después de que otra víctima contactara con los agentes para denunciar la situación que sufría en otro prostíbulo de Madrid. La mujer explicó que una conocida la animó a acceder a una página web erótica, donde un hombre le ofreció empleo como trabajadora sexual.
El investigado le pidió fotografías íntimas y las utilizó en una aplicación de mensajería con la que controlaba la agenda de clientes. La actividad se desarrollaba en tres domicilios durante jornadas de 12 horas, con descansos nocturnos para evitar sospechas vecinales.
Las víctimas eran amenazadas si intentaban abandonar el negocio. Los clientes accedían a los pisos mediante un código de apertura y podían utilizar bonos con ofertas sin límite de tiempo.
Esta fase concluyó con tres entradas y registros en los domicilios utilizados como prostíbulos. Los agentes precintaron los inmuebles y liberaron a tres mujeres, dos de ellas en situación irregular en España.
La Policía Nacional mantiene activa la línea telefónica 900 105 090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana contra la trata de seres humanos.
