Un total de veintinueve inquilinos de dos promociones de viviendas en Alicante y San Vicente del Raspeig han presentado una demanda contra Nestar-Azora por el cobro de cláusulas que consideran abusivas en sus contratos de alquiler, aplicadas a partir del tercer año de arrendamiento.
Según ha detallado el Sindicat de Vivenda de Carolines en una rueda de prensa, los afectados residen en bloques donde la gestión de los pisos recae en este fondo de inversión, que actúa como arrendador único o mayoritario. La demanda se centra en los costes adicionales que aparecen en la tercera anualidad de los contratos y que, de forma acumulada, elevan de manera notable el importe total que pagan las familias cada mes.
Entre las cláusulas cuestionadas figura el pago del IBI, de la comunidad de propietarios y de la tasa de residuos, además de un seguro de impago que cada año asumen los inquilinos. Una de las afectadas, Esther Lillo, ha explicado que este conjunto de conceptos supone alrededor de un 30 % más sobre la renta inicial, lo que en la práctica transforma un alquiler que parecía asumible en uno mucho más caro con el paso del tiempo.
Estrategia de encarecimiento progresivo
Lillo ha señalado que estos cobros comienzan a aplicarse a partir del tercer año de arrendamiento y ha interpretado que la finalidad es forzar la rotación de los inquilinos. Al endurecer las condiciones económicas tras los primeros años, se empuja a parte de las familias a abandonar la vivienda, lo que facilitaría al fondo sacar los pisos de nuevo al mercado con rentas más altas y condiciones distintas para los nuevos contratos.
La inquilina ha apuntado que la idea de presentar esta demanda tomó forma tras conocer el caso del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ya había llevado a Nestar-Azora ante los tribunales por cláusulas similares. Aquella iniciativa consiguió que se declararan nulas algunas de las disposiciones recurridas, lo que animó a los residentes de estas promociones en Alicante y San Vicente del Raspeig a organizarse y seguir el mismo camino judicial.
Por su parte, el miembro del Sindicat de Vivenda de Carolines Llorenç Saval ha subrayado que el objetivo central de esta acción colectiva es la devolución de las cantidades cobradas mediante estas cláusulas y su eliminación de los contratos vigentes. Según ha explicado, el proceso ha sido el resultado de un año de trabajo, desde que los primeros inquilinos acudieron a la asamblea del sindicato para exponer su situación hasta la presentación formal de la demanda.
Los demandantes residen en una promoción de viviendas en San Vicente del Raspeig en la que los aproximadamente 140 pisos están gestionados en su totalidad por Nestar-Azora, lo que da al fondo un control completo sobre las condiciones de alquiler. En el caso de la urbanización de Alicante, la compañía figura como arrendadora en la mitad de los bloques que la integran, lo que también concentra el poder de decisión sobre precios y cláusulas en manos de un único gestor. Para los inquilinos, esta posición refuerza el desequilibrio entre las partes y hace más necesaria la vía colectiva para defender sus derechos en materia de vivienda.
