El PSPV-PSOE ha registrado en Les Corts Valencianes su plan de trabajo para la comisión de investigación sobre la adjudicación irregular de viviendas de protección pública en Alicante, con la petición de comparecencia del alcalde, Luis Barcala, la vicepresidenta Susana Camarero, el expresident Carlos Mazón y el president Juanfran Pérez Llorca.
La iniciativa autonómica llega en paralelo a las dudas abiertas en el Ayuntamiento de Alicante, donde las próximas sesiones de la comisión municipal siguen convocadas para mayo, pero con las comparecencias en el aire. El informe del secretario general del Pleno ha desaconsejado la citación de cargos políticos, miembros de la Junta de Gobierno Local y terceros, por lo que el órgano podría quedar muy limitado al examen formal de expedientes.
La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que los socialistas esperan de la comisión de Les Corts “respuestas y asunción de responsabilidades”. Además, ha defendido que “esta comisión no puede ser un mero trámite, es una exigencia democrática donde debe imperar la transparencia real”.
El PSOE reclama expedientes y responsabilidades
Morant ha señalado que “la política no va de repartir llaves sino de gestionar con rigor” y ha pedido al Partido Popular que “esté a la altura y no bloquee la verdad en esta comisión de investigación”. La dirigente socialista ha añadido que “no vale solo con indignarse, deben colaborar”.
El plan de trabajo del PSPV incluye el acceso a todos los expedientes bajo sospecha, la comparecencia de responsables políticos y la revisión de la normativa sobre vivienda protegida. Los socialistas también defienden volver al marco anterior del Botànic y reclaman la devolución de los pisos adjudicados de forma irregular.
Morant ha sostenido que “no podemos permitir que la vivienda, que es un derecho constitucional, se convierta en una moneda de cambio en los entornos cercanos al Partido Popular”.
Una comisión municipal con margen reducido
El caso afecta al proceso vinculado al residencial Les Naus, en la Playa de San Juan, y se encuentra bajo investigación judicial. El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha citado como investigadas a 15 personas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez.
En el ámbito municipal, el informe de Secretaría ha marcado un punto de inflexión. El criterio técnico sostiene que la comisión del Ayuntamiento no puede funcionar como una comisión de investigación plena y limita su actuación al análisis administrativo de los expedientes.
Ese planteamiento deja en el aire posibles comparecencias del propio Luis Barcala, de Rocío Gómez o de responsables de etapas anteriores. También afecta a representantes externos relacionados con la promoción o con entidades vinculadas al caso.
Hasta ahora, además, la comisión municipal ha tenido un recorrido limitado. De los técnicos llamados a comparecer, solo uno ha acudido, según la información conocida hasta la fecha. Este dato refuerza la sensación de que las sesiones pendientes podrían celebrarse con escaso contenido político y explicativo.
Diferencia entre Les Corts y el Ayuntamiento
La comisión de Les Corts Valencianes abre un escenario distinto al municipal. Al tratarse de una comisión parlamentaria, las comparecencias tienen un marco más reforzado que las citaciones del Ayuntamiento. En este tipo de órganos, la incomparecencia injustificada o faltar a la verdad puede tener consecuencias penales, aunque sus conclusiones no vinculan al procedimiento judicial.
Ese contraste sitúa ahora el foco político en el Parlamento valenciano, mientras la comisión municipal afronta sus próximas sesiones con una capacidad de actuación cuestionada. El propio presidente del órgano municipal, Manuel Villar, ha insistido en que las personas citadas podrán decidir si comparecen y si responden “a todas, a algunas o a ninguna” de las preguntas.
