El presidente de la comisión municipal sobre las viviendas de protección pública de Les Naus, Manuel Villar, se ha enrocado este martes en las citaciones pendientes de mayo tras el informe municipal que acota el alcance de las comparecencias. El documento, firmado el 31 de marzo y conocido por los grupos de la oposición en los últimos días, ha abierto dudas sobre qué puede aportar ahora el órgano.
La comisión se constituyó para analizar el proceso administrativo vinculado a la adjudicación de viviendas en el residencial Les Naus, en Playa de San Juan. El caso está bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que ha citado como investigadas a 15 personas, entre ellas la exedil de Urbanismo Rocío Gómez. El debate surge ahora porque el informe del secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Alicante sostiene que el órgano no puede actuar como una comisión de investigación plena y limita su margen al examen formal de los expedientes.
La clave está en las comparecencias. El informe apunta que solo procede solicitar la presencia de personal municipal que haya participado en el proceso y descarta llamar a concejales, miembros de la Junta de Gobierno Local o personas externas al Ayuntamiento. Ese criterio afecta directamente a las peticiones planteadas por los grupos, que habían incluido perfiles políticos y representantes de entidades vinculadas al caso.
Preguntado por la aplicación práctica del informe y por si la comisión mantiene sentido tras sus conclusiones, Villar ha insistido en múltiples respuestas a la prensa en que hay dos sesiones convocadas, los días 11 y 22 de mayo, con comparecientes ya citados. Según ha explicado, quienes hayan sido llamados podrán decidir si acuden o no y, en caso de hacerlo, si responden “a todas, a algunas o a ninguna” de las preguntas.
Las dudas sobre el alcance de la comisión
La prensa ha preguntado a Villar si la comisión tiene capacidad para convocar a concejales, exconcejales, miembros de la cooperativa o representantes de Provia. También se le ha pedido aclarar si el informe es vinculante y en qué situación queda el órgano después de que algunas personas hubieran sido citadas antes de conocerse el criterio de Secretaría.
Villar no ha entrado a valorar el fondo de esas cuestiones. Ha reiterado que existen dos sesiones pendientes y que en ellas comparecerá quien lo estime oportuno. El presidente de la comisión ha defendido además que pidió el informe para confirmar si las comparecencias eran voluntarias u obligatorias, algo que, según ha sostenido, “en principio era bastante claro”. A su juicio, el documento ratifica lo que ya se entendía desde el inicio.
El procedimiento judicial como ‘base fundamental’
Ante la pregunta de si tiene sentido mantener activa la comisión si, según el informe, no procede que declaren políticos ni terceros, Villar ha situado el procedimiento judicial como eje principal del caso. “Hay una comisión en Cortes, hay un procedimiento judicial. Creo que es la base fundamental el procedimiento judicial”, ha afirmado.
Después, el presidente de la comisión ha vuelto a remitirse a las sesiones ya convocadas y ha recordado que los comparecientes serán libres de acudir o no y de decidir hasta dónde responden.
Expedientes a funcionarios, a la espera de resolución judicial
En relación con los expedientes internos abiertos a funcionarios por las irregularidades en la adjudicación de Les Naus, el vicealcalde ha reconocido que quedan paralizados a la espera de lo que determine la jueza. Ha argumentado que, en este momento, lo que más interesa son las averiguaciones judiciales, ya que así lo establece la ley, por lo que el consistorio supedita sus actuaciones internas a la investigación penal.
La oposición carga contra el informe
La oposición de izquierdas ha reaccionado con dureza a esta situación y coincide en que la comisión municipal queda vacía de contenido. A su juicio, el margen de acción del órgano se reduce al mínimo si no se puede obligar a comparecer a los funcionarios, no se permite citar a terceros implicados y se excluye a los responsables políticos, por lo que dudan de la capacidad de la comisión para arrojar luz sobre lo ocurrido.
El PSOE ha rechazado el dictamen y ha acusado al PP de ocultarlo a la comisión. Su portavoz, Ana Barceló, ha defendido que el órgano no pretende actuar como una comisión de investigación, sino conocer “qué ha fallado en todo el proceso administrativo” y examinar el expediente para entenderlo, mejorar en el futuro y devolver confianza a la ciudadanía.
Barceló ha sostenido que el informe es “muy discutible” y ha avanzado que su grupo no está dispuesto a asumirlo. “Lo vamos a pelear”, ha advertido. También ha pedido al alcalde, Luis Barcala, que “no mienta a los ciudadanos” y que permita que los funcionarios acudan a la comisión y se entregue la documentación.
La portavoz socialista también ha situado este debate en el marco de futuras adjudicaciones de vivienda pública. Según Barceló, la comisión debe servir para conocer cómo fue el trámite administrativo que posibilitó la adjudicación de viviendas en Les Naus y para examinar cómo se ejecutarán las adjudicaciones de próximas promociones vinculadas al Plan Vive.
Desde Compromís, Rafa Mas ha denunciado la actitud del PP, que, según afirma, actúa con la complicidad de Vox. Considera que el encargo del informe al secretario tiene como efecto dejar sin contenido la comisión municipal precisamente cuando debían acudir los responsables políticos para explicar su grado de implicación, entre ellos el alcalde Barcala y el expresident Carlos Mazón.
Mas ha definido la comisión como un paripé, un montaje y una estafa, y ha advertido al PP de que no se va a ir de rositas, ya que siguen en marcha tanto la comisión de Les Corts como la investigación judicial. En su opinión, estos otros foros de control podrán exigir las explicaciones que el órgano municipal está dejando escapar.
El concejal de EU-Podem, Manolo Copé, ha calificado de vergonzoso el informe del secretario, que, a su juicio, se ha hecho a medida para que el PP se sienta cómodo en la comisión. Sostiene que el actual equipo de gobierno no tiene interés en saber lo que pasa y utiliza las limitaciones jurídicas señaladas por el secretario para blindarse frente a las responsabilidades políticas que la oposición pretende depurar.
Frente a esas críticas, Vox defiende que el informe confirma sus advertencias iniciales. El grupo señala que la comisión no podía convertirse en un “pseudo-juicio sin garantías jurídicas” y critica que se haya trasladado a la ciudadanía una imagen que, a su juicio, no se corresponde con la realidad.
