La Federación Provincial de Transporte de Alicante (FETRAMA) alerta de que el sector se encuentra en una situación límite y advierte de que más de 3.000 empresas de transporte y logística de la provincia afrontan un serio riesgo de colapso por el aumento de costes y, en su opinión, por la insuficiencia de las medidas aprobadas por el Gobierno.
El presidente de la organización, Antonio Marco, sostiene que muchas compañías se ven obligadas a trabajar a pérdidas por el impacto del encarecimiento del carburante y por la falta de respuestas de mayor alcance. Según defiende, esta situación pone en peligro no solo a las empresas y autónomos del sector, sino también a la capacidad de transporte necesaria para sostener la cadena de distribución agrícola, la producción industrial y el funcionamiento de otros servicios esenciales.
Desde FETRAMA recuerdan que el transporte y la logística representan cerca del 4 % del PIB de la provincia de Alicante y subrayan que su deterioro afecta de forma directa al conjunto de la economía. En este sentido, Marco insiste en que «si no hay transporte operativo, no hay economía operativa» y lamenta que, a su juicio, las administraciones no estén actuando con la contundencia que requiere la situación.
La federación considera insuficiente la bonificación de 20 céntimos por litro aprobada por el Ejecutivo y asegura que el sector arrastra desde el 28 de febrero un sobrecoste superior a 600 euros por camión a la semana, una cifra que, según la patronal, reduce todavía más los márgenes de rentabilidad de unas empresas ya muy tensionadas.
Además, Antonio Marco critica que las medidas hayan llegado tarde y no respondan a las demandas planteadas por el sector. Entre ellas, cita ayudas ajustadas al impacto real de la subida del combustible, que estas no tributen, que queden fuera del límite de mínimis y que se impulsen actuaciones para contener los precios.
La organización también reclama mayor vigilancia sobre la fijación de precios de los carburantes. Según señala, las subidas no siempre responden a criterios transparentes y generan sospechas de posibles prácticas especulativas. A ello suma la necesidad de aplicar de forma inmediata medidas ligadas a la cláusula del gasóleo, con revisiones de precios diarias o semanales y una clarificación de la figura del gasóleo profesional.
