La Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme) ha escenificado un cierre de filas en torno a su presidente, Carlos Baño, tras la reunión que su Junta Directiva celebró anoche, lunes, para abordar la investigación en curso sobre la gestión de los bonos consumo de las anualidades 2022 y 2023. El órgano ha expresado un respaldo “incondicional y unánime” al también presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y ha defendido el respeto al proceso judicial y a la presunción de inocencia.
En su pronunciamiento, la dirección de Facpyme ha trasladado su “respeto absoluto a la justicia”, así como su plena disposición a colaborar con los órganos que actúan en la causa. La entidad sostiene que esa colaboración ya se ha producido hasta la fecha y muestra su confianza en que la actuación de la propia junta se ha desarrollado “con pleno respeto a la legalidad”.
La organización también remarca que ya ha puesto a disposición de los órganos competentes toda la documentación relativa a la gestión de los programas de Bono Consumo correspondientes a 2022 y 2023, dentro del procedimiento de investigación técnica abierto. Además, sus responsables expresan un compromiso de “colaboración total, transparencia y defensa de la honorabilidad personal e institucional”, al tiempo que dejan abierta la posibilidad de solicitar la participación de todos los técnicos que intervinieron en la gestión de las campañas para agilizar el esclarecimiento de los hechos.
La junta directiva ha querido subrayar, además, la trayectoria de la entidad y su papel de apoyo al comercio de proximidad en la provincia de Alicante, así como su colaboración con las administraciones públicas. Desde esa premisa, sostiene que el objetivo ahora pasa por proteger la estabilidad de la organización, preservar su funcionamiento ordinario y afrontar esta situación “con rigor, seriedad y confianza” en que la documentación y el trabajo desarrollado permitirán aclarar lo que corresponda.
Además, horas antes también se pronunciaba la Cámara de Comercio de Alicante, cuyo Comité Ejecutivo expresaba su apoyo unánime a Carlos Baño y defendía su “honorabilidad personal e institucional”. En un comunicado remitido por la tarde, la entidad remarcó la necesidad de no trasladar automáticamente a la institución cameral un escenario vinculado a otro ámbito de gestión, con el objetivo de desligar la investigación de la actividad propia de la Cámara y reivindicar su autonomía institucional.
Investigación judicial
El pasado viernes 13, Carlos Baño fue detenido por la Policía Nacional en el marco de unas diligencias sobre un supuesto delito de corrupción vinculado a la gestión de los bonos consumo desplegados en una veintena de municipios de la provincia. La actuación policial se produjo por su condición de presidente de Facpyme, entidad que participó en la gestión de esas campañas, y no por su cargo al frente de la Cámara de Comercio de Alicante.
Las pesquisas, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante y ejecutadas por el grupo de Blanqueo de la UDEF, tratan de determinar si pudo existir un fraude en la gestión de esos fondos públicos. En concreto, se investiga si Facpyme pudo haberse beneficiado económicamente mediante la ejecución de las campañas a través de una sociedad instrumental, una cuestión clave para aclarar si existieron ventajas indebidas o desvíos de recursos.
El programa de bonos consumo, impulsado por la Diputación de Alicante durante la etapa de Carlos Mazón al frente de la institución provincial, movilizó alrededor de 58 millones de euros con el objetivo de reactivar el gasto de los hogares y apoyar al comercio local tras la pandemia. La dimensión provincial de la iniciativa ha llevado a centrar la revisión en procedimientos, controles aplicados y trazabilidad de las operaciones realizadas en los distintos municipios adheridos.
La causa se encuentra todavía en una fase inicial, por lo que la detención del dirigente no implica por sí sola la existencia de responsabilidad penal. A partir de la documentación recabada y de los registros practicados, la Fiscalía deberá delimitar el alcance de las posibles irregularidades, la eventual existencia de beneficios indebidos y las personas o entidades que pudieran verse afectadas por la investigación.
