Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, ha sido detenido este viernes por la mañana por la Policía Nacional en relación con un supuesto delito de corrupción vinculado a los bonos consumo desplegados en una veintena de municipios de la provincia durante 2022 y 2023.
Aunque es conocido por su papel al frente de la Cámara, la detención se ha producido en su condición de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), entidad que participó en la gestión de estas campañas. La distinción entre ambos cargos es clave para delimitar el ámbito de la investigación y las responsabilidades que se tratan de determinar.
La investigación se desarrolla bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante y está siendo ejecutada por el grupo de Blanqueo de la UDEF. De forma paralela al arresto, los agentes han practicado registros en entidades que intervinieron en la gestión de los bonos, entre ellas la sede de Facpyme, con el objetivo de recabar documentación y esclarecer el flujo de fondos y decisiones adoptadas durante las campañas.
Desde el organismo cameral se señaló que la Policía Nacional no ha acudido a sus instalaciones y que carecen de información directa sobre lo ocurrido. Baño tenía previsto intervenir a las 11.30 horas en la presentación de un informe sectorial de turismo en la sede de la Cámara, pero el acto comenzó sin su presencia y sin que se ofrecieran explicaciones en ese momento.
Qué se investiga
Los bonos consumo fueron impulsados por la Diputación de Alicante durante la etapa de Carlos Mazón (2019-2023) para reactivar el gasto de los hogares tras la pandemia de la Covid-19 y apoyar al comercio local. El mecanismo bonificaba el 50 por ciento de las compras realizadas en establecimientos adheridos, mientras que el resto lo abonaba el cliente. La Diputación destinó en total unos 58 millones de euros a este programa, que se ejecutó por campañas en distintos municipios.
Las pesquisas tratan de aclarar si hubo un posible fraude en la gestión de esos fondos públicos. En concreto, se analiza si Facpyme, presidida por Baño, se habría beneficiado económicamente al ejecutar las campañas a través de una sociedad instrumental. Este punto resulta determinante para establecer si se produjeron ventajas indebidas o desvíos de recursos frente a las bases y objetivos declarados del programa.
El alcance de la investigación es provincial, dado que la iniciativa se desplegó en una veintena de localidades. Cualquier irregularidad tendría efectos directos tanto en los comercios participantes como en los consumidores que utilizaron los bonos, por lo que se revisan procedimientos, controles aplicados y trazabilidad de las operaciones para verificar si el sistema se ajustó a la normativa y a los criterios de transparencia exigibles en el uso de fondos públicos.
El caso se encuentra en una fase inicial y la detención de Baño no determina por sí misma la existencia de responsabilidad penal. A partir de la información recabada en los registros y de la documentación obtenida, la Fiscalía deberá delimitar si hubo beneficios indebidos, cómo se habrían producido y qué personas o entidades podrían estar implicadas. Mientras tanto, la actividad institucional de la Cámara continuó con el acto previsto, celebrado sin la presencia de su presidente.
PSPV-PSOE y Compromís piden un pleno extraordinario y una comisión de investigación sobre el Bono Comercio
Después de conocerse la noticia, el Grupo Socialista en la Diputación de Alicante ha anunciado que solicitará la convocatoria de un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación para esclarecer todo lo relacionado con la gestión del programa Bono Comercio tras las informaciones conocidas este viernes sobre la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en el marco de esta investigación. La decisión se ha adoptado después de una reunión mantenida entre los grupos de la oposición en la institución provincial, PSPV-PSOE y Compromís, en la que ambas formaciones han coincidido en la necesidad de que la Diputación de Alicante ofrezca explicaciones públicas y transparentes sobre este asunto.
Desde el grupo socialista consideran necesario que la institución provincial aclare qué papel desempeñó en el desarrollo, supervisión y control de este programa de ayudas públicas dirigido a apoyar al comercio local en distintos municipios de la provincia. En este sentido, el portavoz socialista en la Diputación, Vicente Arques, ha señalado que “la gravedad de las informaciones conocidas hace imprescindible que la institución provincial dé todas las explicaciones y que se investigue con transparencia cualquier posible irregularidad en la gestión de fondos públicos”.
Arques ha subrayado además que “estamos hablando de un programa que ha movilizado una importante cantidad de recursos públicos destinados a ayudar al comercio local de la provincia”, por lo que, a su juicio, “por respeto a la ciudadanía y a los propios comerciantes, es necesario aclarar qué ha ocurrido y cómo se ha gestionado este programa”. En esa línea, ha insistido en que resulta imprescindible conocer con detalle cuál ha sido la relación de la Diputación con las entidades encargadas de la gestión de estas campañas, así como los mecanismos de control y fiscalización que se han aplicado durante su desarrollo.
Además, ha recordado que este programa se puso en marcha durante la etapa en la que la institución provincial estaba presidida por Carlos Mazón, por lo que, según ha señalado, también debe aclararse su papel en la implantación y supervisión de esta iniciativa. El PSOE ha anunciado que solicitará formalmente información sobre los procedimientos utilizados, las entidades participantes y los sistemas de fiscalización empleados para garantizar el destino correcto de los fondos.
El programa Bono Comercio nació como una medida de reactivación económica para apoyar al comercio local tras la crisis provocada por la pandemia, con campañas impulsadas por la Diputación de Alicante en municipios de la provincia. Su funcionamiento se basa en bonos que los consumidores adquieren con una parte subvencionada con fondos públicos y que después pueden canjear en establecimientos adheridos, con el objetivo de fomentar las compras de proximidad, aliviar el gasto de las familias y generar actividad en el pequeño y mediano comercio. La propia Diputación ha presentado este plan como una herramienta para ayudar a las economías locales y a los consumidores, y en campañas anteriores concretó que los bonos podían utilizarse en comercios adheridos con una parte del importe bonificada por la administración.
(NOTICIA EN CURSO)
