La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, exige responsabilidades al president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y que fuerce la devolución de las viviendas de protección pública (VPP) adjudicadas irregularmente en Alicante.
Así lo ha señalado este viernes, tras reunirse en la ciudad con concejales, diputados y miembros de la dirección socialista para analizar la situación de la vivienda pública, en unas declaraciones en las que también ha reclamado la dimisión inmediata del alcalde, Luis Barcala, y ha anunciado que el partido defenderá en Les Corts Valencianes una iniciativa legislativa para obligar a la devolución de las viviendas adjudicadas indebidamente.
Morant sostiene que “no se entendería que quien se ha quedado con una vivienda de protección pública de manera indebida no tenga que devolverla para que se adjudique a quien realmente la necesita” y defiende que las viviendas deben volver al sistema público si se demuestra que el procedimiento estuvo viciado.
En este sentido, la dirigente socialista afirma que “se retiró la obligación de ser demandante de vivienda protegida, se facilitó la reversión y se permitió el acceso a personas con rentas elevadas”, y añade que “esa retirada de controles es lo que ha permitido esta perversión”. A su juicio, la responsabilidad política no puede limitarse al ámbito municipal.
Además, reclama la dimisión inmediata del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y critica que en el último pleno municipal Partido Popular y Vox impidieran su reprobación. Según señala, ambas formaciones “abrazaron y protegieron a Barcala” y “votaron juntos para tapar un escándalo que ya no es solo un caso Alicante, sino un caso Partido Popular”.
Morant también advierte de que la comisión de investigación abierta en Les Corts sobre este asunto, con mayoría de PP y Vox, “corre el riesgo de convertirse en una tapadera”, en términos similares —según sostiene— a lo ocurrido con la comisión de la dana.
En relación con la dana, la líder socialista denuncia que la Generalitat Valenciana, como institución, “mintió a los valencianos y valencianas” sobre la actuación de Mazón durante la jornada de la tragedia. Según indica, la declaración ante la juez de la exdirectora general de la Oficina de Prensa de Mazón demuestra que “la versión oficial trasladada por la institución no se corresponde con la realidad” y califica de “gravísimo” que una institución mienta. “Y es todavía más grave que no haya ninguna consecuencia política”, añade.
Finalmente, acusa a Pérez Llorca de haber “recolocado a todo el equipo de Mazón” y de mantenerle aforado en Les Corts en lugar de exigirle que entregue el acta y comparezca ante la justicia “como cualquier ciudadano”.
