La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha iniciado una consulta pública para modificar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a incentivar y fomentar la prestación de servicios bancarios básicos por parte de operadores bancarios mediante la instalación y puesta en funcionamiento de cajeros automáticos en municipios en riesgo de despoblamiento de la Comunitat Valenciana.
La iniciativa plantea una modificación del Decreto 1/2020 con el fin de actualizar el listado de localidades incluidas y determinar los municipios de exclusión financiera en el ámbito autonómico, con el objetivo de preparar una nueva convocatoria pública de ayudas para operadores bancarios.
La Generalitat vincula la exclusión financiera al fenómeno de despoblamiento, al envejecimiento, a la baja densidad poblacional, a la escasa cobertura telemática y a las limitaciones de transporte e infraestructura, elementos que, según expone, afectan a la sostenibilidad económica y social y a la vida cotidiana en estos municipios.
El secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, ha resaltado que la Generalitat está garantizando la continuidad del servicio de 135 cajeros automáticos en 124 municipios de interior sin sucursal bancaria. Según Gil, “este Consell está trabajando de una manera transversal para garantizar el mantenimiento de este servicio esencial, ya que el contrato vigente, heredado de la legislatura anterior, vencía en enero de 2026, sin posibilidad de prórroga”. “Nuestro objetivo es, que cualquier ciudadano, independientemente del lugar donde viva, tenga las mismas oportunidades”, ha añadido.
Para ello, la Generalitat contempla cubrir las anualidades de 2026 y 2027 con una línea compensatoria y un reajuste presupuestario. Paralelamente, en 2026 se iniciará la licitación para adjudicar el nuevo contrato en 2027, que entrará en vigor en 2028.
Asimismo, el presupuesto de 2026 incluye una dotación de 100.000 euros para cada una de las diputaciones provinciales, un fondo destinado a combatir la exclusión financiera y a facilitar que las corporaciones provinciales puedan ayudar a los ayuntamientos con menor capacidad de gestión a abordar la licitación de este servicio.
La Generalitat señala que, ante la regulación vigente de la Ley de despoblamiento de la Comunitat Valenciana, resulta necesario adecuar el campo de acción, preferentemente, a los municipios en riesgo de despoblamiento que carezcan de entidad financiera.
Las aportaciones y opiniones se pueden enviar para su consideración a través del portal Participa. El plazo se inicia este miércoles, 18 de febrero, tras su publicación este martes en el DOGV, y se prolonga durante diez días naturales. Una vez finalizado, se informará del resultado mediante una valoración global.
