La Policía Local de Alicante ha iniciado este martes, poco después de las 16.30 horas, un operativo para comprobar si los adjudicatarios de las 140 viviendas de protección pública (VPP) bajo investigación en la Playa de San Juan residen realmente en los domicilios asignados, según han confirmado fuentes municipales.
La actuación responde a una petición de la Conselleria de Vivienda y ha sido anunciada el mediodía del martes por el alcalde, Luis Barcala, con el objetivo de verificar que las personas empadronadas están habitando las viviendas. El primer edil ha asegurado que la finalidad es «recuperarlas de quienes no tengan derecho a tenerlas», y ha explicado que, en su caso, se recurrirá a mecanismos como el derecho de nulidad, tanteo o retracto por fraude de ley.
Colaboración con la Conselleria y el juzgado
Paralelamente, la Concejalía de Estadística ha remitido a la Conselleria de Vivienda los datos del padrón municipal para que se realicen las comprobaciones oportunas dentro de la línea de cooperación abierta entre ambas administraciones. Según fuentes del ayuntamiento, esta información también se ha facilitado al juzgado de instrucción que ha asumido la investigación del caso, con el fin de aportar todos los datos disponibles.
Dimisiones tras la polémica
La controversia por la adjudicación de estas viviendas protegidas ha impactado de lleno en la actividad política municipal. La situación ya se ha saldado con la dimisión de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como de una directora general municipal, actualmente jefa de servicio del área de Contratación, en el marco de la investigación abierta sobre el proceso de adjudicación.
El operativo policial se enmarca así en un contexto de revisión administrativa y judicial de las adjudicaciones, con el foco puesto en determinar si los beneficiarios cumplen los requisitos exigidos para acceder a una vivienda de protección pública.
