La comunidad educativa ha registrado una Iniciativa Legislativa Popular para exigir la aprobación de un plan obligatorio de climatización sostenible en todos los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana.
El grupo promotor sostiene que el incremento del calor extremo durante los últimos cursos y las deficiencias estructurales en numerosos edificios escolares están afectando al alumnado y al personal docente. También advierten de problemas de climatización durante los meses de invierno, lo que, según defienden, repercute directamente en la calidad del proceso educativo.
“La realidad es que muchas aulas alcanzan temperaturas insoportables en verano”, afirma Rubén Pacheco, quien insiste en que la situación responde a un problema estructural vinculado al estado de las infraestructuras y al mantenimiento.
La iniciativa plantea la creación de un Plan Integral Sostenible de Confort Térmico que garantice planificación estable, eficiencia energética, uso de energías renovables, mantenimiento adecuado y participación de la comunidad educativa.
“Exigimos un marco legal estable y planificado que garantice condiciones adecuadas en todos los centros”, ha señalado Josep Lluís Peris.
Desde el colectivo subrayan que no se trata de una mejora accesoria, sino de una cuestión vinculada a la salud y a los derechos del alumnado. “No estamos pidiendo un lujo, sino lo mínimo imprescindible para garantizar la salud y el derecho a estudiar en condiciones dignas”, ha afirmado Elisabet Martínez.
El siguiente paso será la admisión a trámite en Les Corts para poder iniciar la recogida de firmas. “Esperamos que Les Corts admitan a trámite la ILP porque son muchas las familias que colaborarán en la recogida de firmas para climatizar las aulas”, ha destacado Denisse Ayala.
Un manifiesto firmado por 660 directivos
Coincidiendo con el registro de la iniciativa, 660 miembros de equipos directivos de centros públicos de toda la Comunitat Valenciana han difundido un manifiesto conjunto.
En él expresan su voluntad de “visibilizar las necesidades reales de la escuela pública valenciana y reclamar mejoras urgentes y estructurales”. El documento se presenta como “una declaración colectiva” dirigida a la Generalitat y a la Conselleria de Educación para trasladar propuestas que permitan fortalecer la escuela pública y mejorar de manera sostenible las condiciones educativas y laborales del sistema.
Con esta declaración, los equipos directivos buscan situar en el debate público la necesidad de abordar reformas estructurales que garanticen una educación pública de calidad.
