Vox ha iniciado una campaña pública para exigir la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, por el escándalo de la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en la Playa de San Juan, al considerar que se ha roto la confianza de la ciudadanía y que existen consecuencias políticas que deben asumirse.
La formación, a través de la portavoz municipal en Alicante, Carmen Robledillo, sostiene que el caso ha cruzado “líneas muy graves” y apunta que «es un golpe durísmo a la confianza de los alicantinos», en un contexto en el que el equipo de gobierno del Partido Popular se ha apoyado en los votos de Vox para aprobar los presupuestos municipales. Desde Vox se insiste en que, cuando se pierde la confianza, deben asumirse responsabilidades políticas.
EU-Podem explora moción de censura
En paralelo, el grupo municipal Esquerra Unida Podem ha anunciado que iniciará contactos con el resto de la oposición para explorar una moción de censura contra el alcalde, Luis Barcala, tras el rechazo unánime expresado en el pleno extraordinario.
Su portavoz, Manolo Copé, ha afirmado que la Alcaldía “ha perdido toda credibilidad” y mantiene a la ciudad en una situación de parálisis institucional, por lo que considera una obligación democrática buscar una alternativa que permita recuperar la normalidad en el Ayuntamiento. Será la prueba de fuego para comprobar si la formación de ultra derecha ofrece su respaldo a la iniciativa, ya que la moción de censura requiere de mayoría absoluta para prosperar y, por tanto, de los cuatro votos de Vox.
Se abre en cualquier caso una brecha para el gobierno de la capital, que previsiblemente comprometerá proyectos promovidos por el Partido Popular mientras el alcalde permanezca en sus funciones. Con el presupuesto de 2026 recién aprobado, hace apenas una semana, el alcalde bien podría extender su mandato, que expiraría en las elecciones municipales del próximo año, incluso sin el apoyo de los socios fácticos.
Le permtiría así cumplir con el compromiso contraido en la tarde de ayer cuando afirmó: «Les doy mi palabra, les juro que no voy a parar hasta aclarar esto hasta sus últimos extremos y no permitiré de ninguna de las maneras que absolutamente nadie, nadie, se beneficie a costa de los alicantinos y a costa de a las personas para las que sí se puso este suelo a disposición».
En el caso de que la presión de una oposición que ha cerrado filas con su continuidad en el cargo frenara notablemente la gobernabilidad de la ciudad, su sucesor natural para ostentar laa alcaldíal, al menos provisionalmente, recaería en el vicealcalde Manuel Villar, abogado, mano derecha del primer edil y actual concejal de Sostenibilidad Ambiental, Contratación, Deportes y Recursos Humanos así como responsable de la Asesoría Jurídica.
Comisión de investigación en Les Corts
Por su parte, los de Santiago Abascal exigen también la apertura de una comisión de investigación en Corts Valencianes para depurar responsabilidades de la Conselleria de Vivienda. A través de las redes sociales X, Facebook, Instagram y Tik Tok, reclama que se conozca “toda la verdad” respecto al procedimiento de adjudicación y supervisión de las viviendas protegidas. Cabe recordar, que es competencia de la administración valenciana la comprobación de que los cooperativistas cumplen con los requisitos exigidos legalmente y que ya ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo el arquitecto encargado de esta función.
Alicante aprueba la comisión de investigación
La campaña se produce tras el pleno extraordinario celebrado en la tarde de ayer jueves en el Ayuntamiento de Alicante. Durante la sesión plenaria la oposición en bloque, Vox incluido, reclamó la dimisión del alcalde. También se aprobó por unanimidad la creación de una Comisión No Permanente del Pleno para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal, incluidas las vinculadas al Plan Vive de la Generalitat Valenciana.
En esa sesión, el alcalde explicó durante cerca de media hora la cronología completa del expediente administrativo y defendió la actuación del Ayuntamiento tanto en la gestión del procedimiento como en las competencias de control y fiscalización. Barcala reiteró que el Consistorio no selecciona cooperativistas ni adjudica viviendas y que el visado de los requisitos corresponde a la administración autonómica, subrayando que “el Ayuntamiento no adjudica ni visa viviendas de protección pública”.
El primer edil confirmó también la apertura de un expediente informativo a dos arquitectos municipales beneficiarios de viviendas de la cooperativa Les Naus, cuyas identidades han sido trasladadas a la Fiscalía, y anunció que el Ayuntamiento se personará como acusación particular si el Ministerio Fiscal aprecia indicios de delito. Asimismo, indicó que se está cruzando información con Recursos Humanos para detectar posibles implicaciones adicionales de personal municipal y familiares directos.
Vox cuestiona las fechas y el control municipal
Durante el pleno, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, sostuvo que la información relevante sobre las adjudicaciones no llegó al Ayuntamiento en enero, como defendió el alcalde, sino meses antes. Según afirmó de forma literal, “las primeras escrituras entraron a partir de agosto del 2025”, cuando se presentaron comunicaciones de transmisión de la propiedad para liquidar la plusvalía.
Robledillo aseguró que en esas 140 escrituras de compraventa ya figuraban los nombres de la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, de familiares de una directora general y de un arquitecto municipal, y preguntó “qué funcionario llevó a cabo la liquidación de la plusvalía”. También afirmó que Gómez no modificó su relación de bienes según la publicación del Boletín Oficial de la Provincia, y no declaró su condición de cooperativista ni la deuda asociada a la vivienda.
Entre las preguntas formuladas al alcalde, Vox requirió conocer “¿cuál fue el motivo real por el cual la señora Gómez fue apartada de la Concejalía de Patrimonio en julio del 2024?”, y concluyó su intervención reclamando responsabilidades políticas. “Debe asumir responsabilidades y debe dimitir, señor Barcala”, afirmó Robledillo.
Compromís exige explicaciones en Les Corts
Paralelamente, Compromís ha registrado una solicitud de comparecencia del president Juanfran Pérez Llorca en Les Corts Valencianes por el escándalo de las VPP de Alicante. La coalición considera imprescindible que dé explicaciones públicas sobre unas adjudicaciones que, según defienden, han beneficiado a personas que no cumplían los requisitos para acceder a vivienda protegida.
Desde Compromís se sostiene que las viviendas deben revertir al sistema público para que puedan acceder a ellas las familias que realmente las necesitan, y se cuestiona que los cargos y personas afines al Partido Popular cumplieran los requisitos exigidos para estas promociones.
Mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas, el Ayuntamiento mantiene activada la comisión municipal aprobada por unanimidad y ha reiterado su compromiso de colaborar con la Fiscalía y con la Generalitat para depurar responsabilidades y, en su caso, recuperar las viviendas adjudicadas de forma irregular.
Morant reclama también la dimisión del alcalde de Alicante
La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha sumado también este viernes a la exigencia de responsabilidades por Les Naus y ha pedido la dimisión del alcalde de Alicante al considerar que los hechos conocidos son «muy graves que apuntan a la implicación no solo del Ayuntamiento de Alicante, sino también de la Generalitat Valenciana».
Morant ha sostenido que ya no puede hablarse de simples sospechas, al señalar que “que una concejal de urbanismo de un ayuntamiento quede como adjudicataria de un piso, que los técnicos municipales que han participado del concurso de esa adjudicación también se queden dos pisos, que haya un jefe de gabinete de una consellera, que anteriormente era el jefe de gabinete de la vicealcaldesa de Alicante, también sea adjudicatario de un piso, estas cosas nunca son casualidad.”.
Según ha defendido, el caso evidencia “una perversión de lo que debe ser una promoción de vivienda pública y de protección oficial”, y ha advertido de que los hechos apuntan no solo al ámbito municipal, sino también al autonómico. En ese sentido, ha afirmado que “tendrá que responder a esto también la vicepresidenta primera y el propio presidente de la Generalitat”, al considerar que el problema podría extenderse a otros puntos de la Comunitat Valenciana.
La dirigente socialista ha acusado al Partido Popular de estar utilizando “la mayor crisis de la vivienda de la historia de nuestra comunidad para hacer negocio y para su propio beneficio”, algo que ha calificado de “absolutamente denunciable”.
Morant ha reclamado de forma expresa la dimisión del alcalde como máximo responsable político, al asegurar que “es imposible que con todo lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Alicante y todo lo que queda por saber no estuviera al corriente y no lo haya permitido”.
En su valoración, ha insistido en que existen mecanismos legales suficientes para adjudicar vivienda protegida sin incurrir en irregularidades y ha advertido de que “se apunta a cinco delitos como mínimo que se hayan podido cometer”, subrayando que deberán depurarse tanto responsabilidades penales como políticas.
Dimisiones y expedientes en el entorno del caso
En el contexto del escándalo de las VPP de Les Naus, ya han dimitido tres cargos políticos vinculados a las adjudicaciones. Se trata de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; de María Pérez-Hickman, que ocupaba el cargo de María Pérez-Hickman era directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante y que ha regresado posteriormente a su puesto anterior en la administración local como jefa del área de Contratación, cargo con el que habría mantenido reuniones en el marco del procedimiento con la cooperativa adjudicataria; y de Miguel Ángel Sánchez, que había trabajado como asesor de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante entre 2015 y 2023 y que en la actualidad era jefe de gabinete de Turismo en la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.
Además, constan una arquitecta y un arquitecto del área municipal de Urbanismo expedientados de forma informativa, ambos propietarios de viviendas en la promoción. Ella sería la esposa del arquitecto de la Dirección Territorial Vivienda que visaba la documentación de los adjudicatarios y que, según se investiga, habría ocultado datos para la concesión presuntamente irregular. A este, la Conselleria de Vivienda también ha abierto expediente y una suspensión cautelar de empleo y sueldo.
