CCOO ha denunciado este jueves que hay docentes de todos los sectores de la educación pública valenciana que no han cobrado desde noviembre o han recibido nóminas incompletas.
El sindicato sostiene que los impagos, errores y retrasos han pasado de ser episodios puntuales a un problema estructural que compromete la economía de muchas plantillas, con trabajadores que no pueden afrontar sus facturas.
‘La paciencia de las trabajadoras se ha agotado y la vía diplomática entre la administración y el sindicato está colapsada, por eso iniciamos una serie de denuncias que ponen fin al problema y que, además, compense a los afectados y afectadas’, ha trasladado la organización en un comunicado.
Como respuesta, CCOO ha iniciado un proceso de denuncia a la administración que también ha hecho extensible ante el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano.
Además, pondrá a disposición del personal un modelo de denuncia individual para exigir el pago inmediato de la deuda, los intereses generados y una compensación por daños y perjuicios, tal y como contempla el Estatuto de los Trabajadores.
El objetivo, remarcan, es asegurar el derecho fundamental a percibir el salario por el trabajo realizado y acotar los retrasos mediante vías administrativas y judiciales.
Educación minimiza el alcance
Desde la Conselleria de Educación se ha respondido que únicamente se han constatado 15 incidencias en la nómina de enero, todas en la provincia de Alicante y atribuibles a cuestiones técnicas. El departamento enmarca los fallos en problemas puntuales de gestión y subraya su carácter minoritario frente al volumen total de pagos.
‘Si se tiene presente que en esa provincia cada mes se pagan unas 30.000 nóminas del profesorado, el número de incidencias es mínimo’, han agregado.
La discrepancia es clara: mientras la administración reduce el alcance a un número acotado de casos en un territorio concreto, el sindicato habla de impagos y errores que afectan a todos los sectores de la educación pública valenciana.
‘Es intolerable hoy en día que en la administración pública haya personal sin cobrar para hacer su trabajo, la percepción del salario por el trabajo hecho es un derecho fundamental y no toleraremos que se vulnere ni una vez más’, ha apuntado Óscar Ortiz, responsable de Educación Pública del sindicato, quien además advierte que ‘llevarán el contencioso donde haga falta hasta que este problema se solucione definitivamente’.
