El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado la aceptación de la delegación de competencias para llevar a cabo el control e inspección de las instalaciones de saneamiento y depuración financiadas total o parcialmente por la Generalitat Valenciana en la provincia.
Con la regulación de esta cesión mediante convenio entre la administración autonómica, la EPSAR y la Diputación, la institución provincial pasará a supervisar la totalidad de las instalaciones públicas de depuración y saneamiento de la provincia de Alicante. Hasta ahora, el control se ejercía sobre unas 130 estaciones.
Desde los grupos de la oposición se ha valorado que la medida regulariza la situación, aunque han señalado que “llega tarde”, al haberse prolongado el anterior convenio, finalizado en 2017, mediante prórrogas.
La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha defendido que el procedimiento aplicado fue “el establecido por el Gobierno del Botànic” y ha subrayado que “hoy solucionamos un problema que veníamos arrastrando hace mucho tiempo”, destacando que todas las instalaciones quedarán controladas y fiscalizadas por el sector público.
El PP sostiene que el caso de las VPP “no es un tema” para la Diputación
Fuera del orden del día se han debatido dos mociones. La primera, presentada por Compromís, exigía responsabilidades políticas, transparencia y un cambio del modelo del Plan Vive en relación con la adjudicación de viviendas protegidas. La propuesta ha contado únicamente con el apoyo del Grupo Socialista -ambas formaciones han sumado 14 votos-, mientras que Vox -1 voto- se ha abstenido y el Grupo Popular -15 votos- ha votado en contra.
En este debate, la diputada y concejala alicantina Cristina García Garri ha calificado la iniciativa de “oportunista” y ha indicado que la cuestión se abordará en un pleno monográfico y extraordinario del Ayuntamiento de Alicante, defendiendo que el consistorio ya ha abierto expediente y trasladado el asunto a la Fiscalía.
El Partido Popular ha restado recorrido político al debate sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública en la Playa de San Juan dentro de la Diputación de Alicante y ha insistido en que se trata de una cuestión que debe analizarse en el ámbito municipal. La dpiutada popular ha señalado que la institución provincial no es el espacio adecuado para abordar este asunto y han remitido cualquier explicación al pleno monográfico convocado en el Ayuntamiento de Alicante.
Esta posición ha sido rechazada por los grupos de la oposición, que han reclamado aclaraciones y responsabilidades políticas. El diputado Ximo Perles (Compromís) ha denunciado que el proceso de adjudicación ha beneficiado a personas que no se encontraban entre los perfiles prioritarios para acceder a vivienda protegida y ha cuestionado si pudo existir trato de favor o acceso a información privilegiada. La coalición valencianista reclamaba con la moción la exigencia de que se depuren responsabilidades por las adjudicaciones de la promoción Les Naus. Asimismo, requerían transparencia y un cambio de modelo del Plan Vive, de la Generalitat Valenciana, que blinde el acceso a las personas para las que se destinan las viviendas públicas.
En la misma línea, el PSPV ha puesto el foco en la presencia de cargos públicos y familiares entre los adjudicatarios y ha recordado que el caso ya ha sido trasladado a la Fiscalía por la posible existencia de irregularidades administrativas y penales.
Por su parte, Vox ha defendido la necesidad de abrir una investigación rigurosa para esclarecer los hechos antes de plantear modificaciones normativas y ha abogado por revisar los criterios y procedimientos de adjudicación de las VPP.
Vertido cero
La segunda, presentada por Vox con una enmienda del Grupo Popular, ha reclamado avanzar hacia el ‘vertido cero’ hídrico y optimizar la gestión del agua. El acuerdo, aprobado con la abstención de Compromís y el voto en contra del PSOE, contempla solicitar una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica para definir una hoja de ruta que permita poner en marcha este proyecto.
Toma de posesión y debate de mociones
Durante la sesión plenaria también ha tomado posesión como diputado provincial el alcalde de El Campello, Juan José Pérez Berenguer, del Grupo Popular, en sustitución de Lourdes Llopis.
Juanjo Berenguer tomó posesión de su acta y, a continuación, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, dio a conocer la nueva asignación de áreas dentro del equipo de gobierno provincial. Con esta reorganización, el alcalde pasa a asumir la responsabilidad del área de Bienestar de las Personas, que incluye la gestión del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela y el ámbito de Salud Mental, con el centro Doctor Esquerdo como principal referencia.
La incorporación de Berenguer a la institución provincial obliga, paralelamente, a una redistribución de funciones en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Campello, donde el regidor mantiene actualmente un amplio número de delegaciones. Entre ellas figuran Contratación, Disciplina y Gestión Urbanística, Gobierno Interior, Hacienda, Padrón y Estadística, Secretaría General y Territorio y Vivienda. Desde el consistorio han avanzado que los cambios derivados de esta reorganización se darán a conocer en los próximos días.
