El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, adquirió la condición de adjudicataria de una vivienda de promoción pública en La Condomina, en la Playa de San Juan, en 2018, “cinco años antes de entrar en política”.
Barcala ha realizado estas declaraciones en una intervención sin preguntas tras un acto deportivo, en el marco de la investigación abierta sobre la adjudicación de viviendas de protección pública en esta promoción, en la que también figuran como beneficiarios un arquitecto municipal y familiares directos de una alta cargo del Ayuntamiento.
Expediente de averiguación de hechos
El alcalde ha reiterado que ha ordenado un expediente de aclaración de hechos para conocer “lo antes posible” si se ha producido alguna irregularidad, y ha garantizado que actuará con “la máxima contundencia, caiga quien caiga” en función de los resultados de la investigación.
Según ha explicado, la licencia de obras para la construcción de la promoción se concedió en 2022, “un año antes de que Rocío Gómez accediera al cargo de concejala”. Además, ha afirmado que, “hasta donde tenemos conocimiento, no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión que haya tenido que ver con este expediente de la vivienda social”.
Pese a ello, Barcala ha insistido en que el expediente informativo debe ofrecer “las respuestas a todas las preguntas que no solo ustedes, sino yo también me estoy haciendo”.
Transparencia y posibles responsabilidades
Una vez concluya la investigación, el alcalde se ha comprometido a trasladar toda la información a la oposición y a tomar decisiones ante el más mínimo atisbo de responsabilidad, incluidas actuaciones ante la Fiscalía, al considerar que “no se puede consentir bajo ningún concepto que, en un tema tan delicado como la vivienda, haya la más mínima sospecha”.
Barcala ha subrayado que el expediente de averiguación se centra en dos aspectos diferenciados. Por un lado, la cesión de suelo municipal y la tramitación urbanística para la construcción de las viviendas, por si hubiera existido alguna “conducta reprochable”. Por otro, la asignación o adquisición de la condición de beneficiario, un procedimiento que corresponde a la Generalitat Valenciana.
Petición de cambios normativos
El alcalde ha aprovechado la situación para reclamar una modificación de la normativa autonómica con el fin de garantizar “la más absoluta transparencia” en los procesos de adjudicación de vivienda social. En este sentido, ha defendido que “solo y exclusivamente aquellas personas que cumplen los requisitos deben acceder a una vivienda social” y ha advertido que no permitirá que alguien que no se encuentre en situación de vulnerabilidad obtenga una vivienda pública “y deje sin ella a quien realmente la necesita”.
Barcala ha considerado esta situación una “oportunidad magnífica” para exigir mayor claridad en los procedimientos y ha hecho un llamamiento para que esta exigencia sea compartida por todos los municipios, la Generalitat y el Gobierno de España.
Pleno extraordinario
El primer edil también ha confirmado su intención de convocar un pleno extraordinario para abordar este asunto “con la mayor celeridad posible”, una vez se disponga de los informes del expediente. “A todos nos importa lo mismo”, ha señalado, mostrando comprensión hacia las peticiones de la oposición.
“No podemos consentir que en un tema tan delicado como la vivienda, y en una situación de alarma habitacional, un asunto como este quede bajo la más mínima sospecha”, ha concluido Barcala, reiterando que actuará “con la mayor rapidez posible, caiga quien caiga”.
