Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO e Intersindical han celebrado una concentración ante la Residencia de Personas con Discapacidad Santa Faz, en Alicante, para exigir a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia el cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de las residencias públicas. La movilización se ha producido un día después de una rueda de prensa del PSPV con las organizaciones sindicales en la que expusieron públicamente la situación que atraviesan las plantillas.
La protesta ha puesto el foco en los retrasos reiterados en el pago de las nóminas, que en algunos casos alcanzan los tres y cuatro meses, así como en la falta de cobertura de puestos vacantes, una situación que, según denuncian los sindicatos, afecta directamente tanto a las condiciones laborales como a la calidad de la atención que se presta a las personas usuarias.
Reclamación de pagos puntuales y refuerzos de personal
Desde las organizaciones convocantes insisten en que la concentración pretende exigir a la Administración autonómica el pago puntual de los salarios y la sustitución urgente de los puestos sin cubrir en los centros dependientes de la Conselleria. Subrayan que se trata de un problema estructural que se arrastra desde hace años y que se ha visto agravado en los últimos meses.
El responsable del Sector Autonómico de CSIF Alicante, Javier Puyuelo, ha advertido de que los impagos no pueden normalizarse dentro del sistema público de servicios sociales. “Los retrasos de tres y cuatro meses en el pago de las nóminas no deben volver a repetirse. No se trata de un problema de ahora, sino que viene desde hace diez o doce años y que se ha acentuado ahora con la nómina de diciembre. No pedimos favores, sino que se respeten nuestros derechos”, ha afirmado durante la concentración.
Un conflicto con alcance autonómico
La movilización de este martes se enmarca en un conflicto que afecta a más de 150 trabajadoras y trabajadores de centros sociosanitarios, principalmente en la provincia de Alicante, aunque los sindicatos advierten de que la problemática se extiende al conjunto de la Comunitat Valenciana. La falta de personal y los impagos, según explican, generan un deterioro progresivo de las condiciones laborales y un fuerte impacto emocional y económico en las plantillas.
Las organizaciones sindicales recalcan que las trabajadoras y trabajadores afectados desarrollan su labor con personas especialmente vulnerables, por lo que consideran imprescindible que la Administración garantice la estabilidad laboral y salarial como base para un sistema público de cuidados digno y de calidad.
