El magistrado titular de la plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante ha instado al Ayuntamiento de Benidorm a que “dé cumplimiento voluntario” a la ejecución de la sentencia que le condena a abonar 283 millones de euros más intereses, una cifra que asciende a unos 350 millones, a las empresas propietarias de terrenos en el sector APR-7 del parque natural de Serra Gelada.
En un auto fechado este martes, el juez deniega la solicitud del consistorio de suspender la fase de ejecución de la resolución dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Contra este auto cabe interponer recurso de apelación.
El magistrado requiere a la corporación municipal a “realizar cuantas actuaciones sean necesarias para proceder al abono de la cuantía líquida contenida en el fallo” del TSJCV y subraya que la cantidad impuesta es “la más alta de todas las que ha conocido este órgano judicial desde su creación en el año 1998”.
Sentencia firme y sin suspensión
El Ayuntamiento de Benidorm interpuso un recurso de casación contra el fallo del TSJCV, que fue inadmitido a trámite por providencia del Tribunal Supremo en abril de 2025. Según expone el juez, “ello supuso jurídicamente la firmeza” de la sentencia.
Posteriormente, el consistorio presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue inadmitido al no apreciar la “especial trascendencia constitucional” exigida por la ley. En su razonamiento jurídico, el magistrado recuerda que “la presentación de un recurso de amparo ante el TC no supone la suspensión de la fase de ejecución de una sentencia firme”.
Añade además que, aunque el juzgado tuviera conocimiento extrajurídico de la inadmisión del recurso, “lo hace estéril ya la pretensión planteada por el ayuntamiento”, y aclara que la suspensión habría sido rechazada incluso si el recurso hubiera sido admitido.
Reacción política y exigencia de explicaciones
Tras conocerse el auto, el grupo municipal socialista ha reclamado al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que comparezca de forma urgente para explicar cómo piensa afrontar el pago de la sentencia Serra Gelada Benidorm, que obliga a desembolsar alrededor de 350 millones de euros.
El PSOE considera que la negativa judicial a suspender la ejecución deja al municipio sin margen de maniobra y obliga a presentar un calendario de pagos ante el juzgado. El concejal Antonio Charco ha advertido del impacto económico de no contar con un plan y ha señalado que los intereses de demora podrían rondar los 50.000 euros diarios.
Charco ha alertado de que la deuda compromete el futuro financiero del consistorio y ha pedido aclaraciones sobre cómo se hará frente al pago sin afectar a los servicios públicos. También ha cuestionado el borrador de presupuestos municipales, al entender que ha quedado desfasado tras el último pronunciamiento judicial.
Por su parte, el equipo de gobierno ha señalado que se ha convocado una Junta de Portavoces y que se ha informado a todos los grupos políticos, y ha asegurado que el ayuntamiento sigue trabajando “con la máxima transparencia y rigor”, de acuerdo con las indicaciones de los servicios jurídicos.
