El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha dado instrucciones para que se estudie un informe del interventor municipal sobre la liquidación presupuestaria de 2024 que advierte sobre distintas cuestiones. Entre ellas, el fraccionamiento de contrato en la compra de armas para la Policía Local o relativos a expedientes de defensa jurídica en los tribunales. El equipo de Gobierno analizará el informe para contrastar la información con las distintas áreas, según ha valorado este miércoles el primer edil.
Así, manifiesta que los distintos departamentos a los que afecta la valoración del interventor deben informar «de las conclusiones o de los juicios de valor, porque hay una parte técnica, pero hay otra cuestión que es más discutible». Ha explicado que es un procedimiento cotidiano. «Eso es lo normal, lo hacemos todos los años, se hace siempre».
Otras de las cuestiones que se ponen de manifiesto en el análisis del interventor, según ha dado a conocer el grupo municipal socialista, es que «las obras del Centro 14, así como la dirección de obra, no disponían de crédito y se realizaron sin la conformidad obligatoria de Intervención. Se trata de una cuestión que ya advirtió el Grupo Socialista en el Patronato de Vivienda y que el concejal responsable negó que se estuviera dando esta situación», explican en un comunicado.
Desde el mismo grupo también advierten que la anterior adjudicataria del servicio público de limpieza viaria, UTE Alicante (CESPA, FCC, CÍVICA E INUSA), adeuda al Ayuntamiento 1.009.491 euros. Una cifra que también la habría calculado la Intervención municipal en una auditoría contable.
Según se desprende de este informe y relatan los socialistas, el área de fiscalización ya ha rechazado todas las alegaciones presentadas por UTE Alicante, e insta al consistorio a “iniciar el procedimiento correspondiente para la recuperación del beneficio indebidamente obtenido por la empresa”, con el objetivo de que se ingrese en las arcas municipales. Entre los motivos que esgrime el mencionado informe, apunta a que no se ha podido justificar con facturas la adecuación de maquinaria e instalaciones necesario para el servicio.
El primer edil ha emplazado a fechas próximas para evaluar este informe, una vez que sea estudiado por el Consistorio.
Regla de gasto
Otra de las cuestiones que evidencia el informe fiscalizador es el incumplimiento de la regla de gasto fiscal del Gobierno para entidades locales, que el Ayuntamiento ha sobrepasado en 27,2 millones. Una situación que para Barcala está ocurriendo en «muchísimos municipios» que «hemos infringido en mayor o menor medida la regla de gasto».
«Una de las partidas principales que influyen en ese sobregasto ha sido una cuestión que era meramente técnica donde ha habido discusión durante todo el 2024 que era si la amortización de los vehículos adquiridos para el transporte público tenían que computarse en el 2024 o se computaban a lo largo del contrato. Esa ha sido una batalla entre la Concejalía de Transportes e Intervención y ha habido que colocar 11,9 millones porque la de intervención ha entendido que había que hacerlo íntegro en 2024».
El primer edil ha asegurado que se trata de algo coyuntural y que «no significa que estemos inmersos en un ciclo de gasto por encima de nuestras posibilidades». Ha defendido, como ya lo hizo ayer martes el concejal de Hacienda, que «jamás las cuentas del Ayuntamiento de Alicante han estado más saneadas. Jamás el Ayuntamiento de Alicante ha tenido tanta disponibilidad de crédito como en este momento. El problema es que el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, no nos deja gastar el dinero que tienen los alicantinos».
En este sentido, ha avanzado que la infracción de las reglas de gasto fiscal no amenazan los presupuestos de 2025 ni venideros.
