La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha anunciado que la Generalitat va a ceder –en los próximos meses– al Ayuntamiento de Benidorm los antiguos juzgados de la avenida de Beniardá durante un máximo de 30 años, para destinarlos a servicios públicos.
La actuación comprende la cesión de once locales de 1.250 metros cuadrados (m2), que llevaban diez años cerrados e inutilizados tras el traslado de los juzgados de primera instancia a las nuevas dependencias judiciales en el Passeig dels Tolls.
El acuerdo implica un ahorro para la administración autonómica de más de 101.000 euros por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a las tres décadas de cesión previstos, según ha informado el Consell en un comunicado.
En esta línea, Merino ha subrayado que este acuerdo pone de relieve «el compromiso de una gestión eficaz del patrimonio de la Generalitat y de la búsqueda de soluciones eficientes, con el fin de optimizar al máximo los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía».
La consellera ha realizado estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido con el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en la que se han puesto las bases para llevar a cabo en los próximos meses la formalización de la firma de la cesión. Al encuentro también ha asistido el director general de Patrimonio, Tony Woodward.
En principio, está previsto que la cesión del inmueble sea por un máximo de 30 años y, antes de formalizar el acuerdo con la Conselleria de Hacienda y Economía, el pleno de Benidorm tendrá que votar la aceptación de la cesión.
«Se trata de unos locales en desuso que están ocasionando un perjuicio económico a las cuentas de la Generalitat. Por ello hemos considerado conveniente priorizar la cesión, evitar su abandono y que permitir al Ayuntamiento poner estos locales a disposición del ciudadano benidormí», ha agregado Merino.
Hasta este momento, el consistorio se había dirigido en varias ocasiones desde 2016 a la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat para solicitar la cesión de este espacio. Según el actual Consell, esta posibilidad «siempre fue rechazada por los responsables de los anteriores gobiernos autonómicos».
