El Gobierno ha iniciado los trámites para eliminar el ‘visado de oro’, una medida que desde que se aprobó en 2013 por el ejecutivo del PP hasta 2023 ha registrado 14.576 permisos concedidos por inversiones inmobiliarias, y que desde 2022 se ha incrementado notablemente.
Según ha señalado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los que más visados han obtenido a cambio de la compra de un activo inmobiliario en España de un precio igual o superior a los 500.000 euros han sido los ciudadanos procedentes de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México.
Además, ha subrayado que desde 2022 se han encendido todas las alarmas ya que el número de ‘visados dorados’, también conocidos como ‘golden visa’, se ha incrementado exponencialmente, lo que ha obligado a dar respuesta a esta especulación.
Así, ha detallado que si en 2016 se registraban 461 visados concedidos por inversiones inmobiliarias, en 2017 su número ascendía a 947; en 2018, a 998; en 2019, a 861; en 2020, a 632, y en 2021, a 997.
Esta progresión aumentó considerablemente en 2022 cuando se concedieron 2.017 visados y en 2023, con 3.273, mientras que hasta febrero de este año la cifra alcanza ya los 426.
En este contexto, ha agregado que este tipo de visados también están siendo observados desde las instituciones europeas, sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania, y que varios los países del entorno han adoptado medidas endureciendo o revisando estos permisos a cambio de inversiones inmobiliarias.
El repunte en los últimos años ha tenido que ver, también, con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, ha explicado Rodríguez.
Provincias más afectadas
Durante su intervención, la titular de Vivienda ha indicado que las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia han concentrado el 90 % de todas las autorizaciones concedidas.
Asimismo, ha añadido que la compra de vivienda por extranjeros ha aumentado y que en lugares como Marbella, Barcelona o en algunos municipios baleares las operaciones ligadas a estos ‘visados dorados’ suponen el 7,1 %, el 5,3 % o el 10 %, respectivamente.
Con esta medida, que ya fue avanzada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo busca facilitar el acceso a la vivienda y dar respuesta a estas ciudades y a quienes habitan en ellas eliminando una medida que ha provocado tensiones en el mercado e incrementos del precio de la vivienda.
De hecho, alrededor del 94 % de los visados para inversores están vinculadas a inversiones inmobiliarias, ha apuntado la titular de Vivienda.
Con este primer paso para modificar la ley de 2013 y eliminar este tipo de visados el Gobierno busca una respuesta a un problema que están sufriendo algunas localidades y que permitirá dar oportunidades a los que hoy tienen problemas muy graves en determinadas ciudades en las que hay falta de oferta y una tensión de precios.
A este respecto ha calificado de buena noticia la medida adoptada este martes, que se hará garantizando la seguridad jurídica y que se adopta desde el rigor y el trabajo realizado junto al Ministerio de Economía y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Para solicitar un visado o una autorización de residencia en España los extranjeros no residentes en la UE tienen distintas alternativas si hacen una inversión significativa de capital, bien en la adquisición de inmuebles en España, en activos financieros o en un proyecto empresarial.
Si optan por la adquisición de inmuebles deben llevar a cabo una inversión de valor o superior a 500.000 euros por cada solicitante.
Merino: ‘Da la impresión de que Sánchez no tiene un plan para la vivienda, tiene ocurrencias electoralistas’
Tras ser preguntada por el anuncio de la eliminación del visado dorado, la portavoz del Consell, Ruth Merino, ha emplazado al Gobierno central a fijarse en el plan de vivienda impulsado de la Generalitat para la construcción de 10.000 viviendas en los próximos cuatro años, en lugar de limitarse, según ha indicado, a realizar anuncios que denotan que carece de dicho plan y que suponen exclusivamente “ocurrencias electoralistas”.
La consellera se ha preguntado también en este punto por las razones por las que se plantea ahora “esa prioridad” cuando este visado se puso en marcha en 2013 y ha estado, por tanto, más años vigente con el Gobierno de Pedro Sánchez que con el anterior, de Mariano Rajoy.
Ruth Merino ha subrayado que, por el contrario, el Gobierno valenciano sí cuenta con un “riguroso” plan de vivienda, centrado en la colaboración público-privada, que movilizará una “importante” bolsa de suelo público, con la que se aspira a beneficiar a más de 24.000 personas, además del impacto directo e indirecto que supondrá en términos de actividad económica y empleo.
La consellera ha informado en este sentido de la autorización, por parte del pleno del Consell, de la declaración de urgencia para culminar el procedimiento de aprobación del decreto por el que se regulará el Reglamento de Vivienda de Protección Pública (VPP) de la Comunitat Valenciana.
El Consell, ha continuado, demuestra así que la vivienda es una de las principales prioridades de la legislatura, un compromiso que contrasta con el Gobierno anterior, que, en ocho años, no realizó la entrega de “ni una sola llave de vivienda pública”.
El Gobierno valenciano estima como prioritaria la aprobación de un nuevo decreto, que regulará de manera exclusiva el régimen jurídico de las viviendas de protección pública, tanto de promoción pública como privada.
