Las titulares de los juzgados de Instrucción 2 de Alicante y Primera Instancia e Instrucción 2 de Novelda, ambas en funciones de guardia, han decretado la libertad provisional para el arquitecto municipal y siete de los detenidos de una operación policial contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, uno de ellos (el cabecilla) con fianza.
Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la primera de las magistradas ha recibido a cinco de los arrestados y ha acordado, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, la libertad provisional para cuatro de ellos y prisión eludible bajo fianza para el quinto, quien está considerado como el principal implicado en la trama.
Entre los que han sido puestos en libertad figura el referido funcionario del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, a quien se le ha impuesto como medida cautelar la obligación de efectuar comparecencias periódicas, una vez a la semana, en sede judicial.
A esta persona, según otras fuentes, se le ha arrestado por supuestamente colaborar con el cabecilla de la red en agilizar trámites que permitían rentabilizar inmuebles supuestamente adquiridos con dinero procedente de la marihuana.
Por su parte, la responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Novelda, también en funciones hoy de guardia, ha acordado la libertad provisional con comparecencias quincenales de los tres detenidos puestos a su disposición.
Ambos juzgados se inhibirán ahora en favor del de Primera Instancia e Instrucción 4 de Novelda, competente para proseguir con la investigación y que ya tenía una causa abierta por estos hechos, por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, cohecho, defraudación de fluido eléctrico e integración en organización criminal.
La investigación, de la que ya se ha levantado el secreto de las actuaciones, se dirige contra una docena de personas por su supuesta participación en una red dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, fundamentalmente marihuana, y a blanquear el dinero obtenido con esa actividad ilícita a través de la adquisición de inmuebles, ha puesto de manifiesto el TSJCV.
