El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la consellera de la consellera de Justicia Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, han presentado este lunes 30 de mayo la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante, un proyecto esperado desde que en el año 2000 se derribó el antiguo Cuartel de San Fernando, en la avenida de Aguilera y se anunció su ubicación en este entorno junto al espacio que ocupan los Juzgados en la calle Pardo Gimeno. «La obra más emblemática del Consell aprobada en 2018», que viene a «saldar una deuda con los alicantinos y alicantinas, ya que la ciudad es la única capital de provincia» que no contaba con esta infraestructura, ha explicado la consellera.
La nueva Ciudad de la Justicia nace bajo el nombre de Ciudad de la Justicia de Alicante Rafael Altamira. La obra del último edificio que viene a completar el área comenzará en el último trimestre de 2023 y se prevé terminar en 2025, con una duración de 33 meses. Prevé «suturar» una brecha urbana entre Alipark y Princesa Mercedes con un edificio de siete plantas donde se ubicará el primer Instituto de Medicina Legal y prestará servicio a un partido judicial de 400.000 habitantes.
En total, serán mas de 48.000 metros cuadrados en 7 alturas, con 51 órganos judiciales y espacio de reserva para futuras ampliaciones e integrará todos los servicios puestos en marcha por la conselleria como la oficina de atención a víctimas de violencia de género o la oficina de atención del delito y dos macrosalas de juicios. Incorpora un avanzado sistema de eficiencia energética y climática integrando en su estructura paneles solares. El exterior del edificio contará además con una plaza cívica. La inversión global es de 85,6 millones, «más de un tercio del presupuesto del Plan de Infraestructuras aprobado por el Consell, y «la mayor inversión en una sede judicial de los últimos veinte años», lo que la convertirá en «símbolo de una justicia eficiente, moderna y próxima», ha manifestado la consellera.
El proyecto ha contado con estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Alicante. El alcalde Luis Barcala ha señalado como peculiar que «una conselleria y un alcalde se arremanguen literalmente las mangas y se pongan a trabajar, pero el compromiso era tremendo. La deuda que había con la ciudad de Alicante, la única capital, pero no solo la única capital, sino la única sede que no tenía Ciudad de la Justicia era absolutamente inadmisible». Explica que fue un compromiso de la consellera con él desde el inicio de la legislatura. «Hemos tenido que salvar escollos muy importantes, que incluyen la modificación del plan general para el encaje».
El president Ximo Puig por su parte, destaca que cada año un millón de personas asisten a algún tipo de acto judicial. También ha explicado que la decisión de que lleve el nombre de Rafael Altamira constituye un «reconocimiento necesario» a uno de los españoles «más ilustres y menos conocidos», de quien ha valorado su legado pacifista y su compromiso por la defensa de los derechos humanos.
Por otro lado, ha defendido la apuesta del Consell por seguir avanzando en el modelo humanista de la Justicia con más recursos humanos, con la digitalización y la sostenibilidad del servicio, y con la mejora y ampliación de las infraestructuras judiciales.
En concreto, Ximo Puig ha señalado que la Generalitat creará 3.000 nuevas plazas para la Administración de Justicia, lo cual mejorará la atención a la ciudadanía; y ha mostrado la apuesta del Consell por implantar un nuevo sistema de gestión procesal con vistas telemáticas, así como por mejorar la eficiencia energética a través de la instalación de paneles solares en todas las sedes judiciales.
Respecto a las infraestructuras judiciales, el jefe del Consell ha recordado que el presupuesto de la Conselleria de Justicia para la mejora de las sedes judiciales se ha multiplicado por 6 desde 2015, pasando de 10 a 60 millones de euros.
Por último, ha destacado que hasta 2023, el Consell licitará proyectos por 277 millones, principalmente en la provincia de Alicante, como las nuevas sedes judiciales de Villena, la Vila Joiosa y Alicante, y con la ampliación y reforma de las sedes de Orihuela y Dénia.
Durante el acto estaban también presentes representantes de UGT para reivindicar el aumento de plantillas en Alicante, que en departamentos como 1ª Instancia se encuentran en el «top 5 de atraso de toda España.». En un comunicado reivindican que «necesitamos un mayor dotación de personal por Juzgado, al menos en un 20%lo que supone en la práctica un gestor y un tramitador más por cada juzgado que rebase en un 150% la carga de trabajo establecida por el Consejo General del Poder Judicial».
El jefe del Consell ha abandonado los Juzgados de Benalúa tras despedirse de las numerosas personalidades que han asistido a la presentación. Por compromisos de agenda, no ha podido responder a las preguntas de los periodistas.
