Los diputados de los grupos políticos Compromís, PSPV-PSOE y EUPV abandonaron el pleno, al no admitirse dos mociones que estaban en el orden del día. Aunque estas dos propuestas, que inicialmente habían sido tramitadas e incluidas por la secretaria de la institución, no fueron aceptadas por el PP, remarcando el portavoz del partido socialista, José Chulvi, que no era la primera vez que se debatían iniciativas presentadas en último momento. Estas dos mociones presentadas por Compromís, no se quisieron tratar en el hemiciclo al no tenerlas el presidente de la Diputación en el guión que estaba siguiendo.
Cesar Sánchez, llamó a los portavoces de todos los partidos políticos, tomando al final la decisión de dejar las mociones para el próximo pleno del 22 de este mes, resolución que no estuvieron de acuerdo el resto de partidos políticos de la cámara, a excepción del diputado no adscrito, Fernando Sepulcre, que se mantuvo sentado en su escaño. Las mociones, una de ellas era la petición para excluir las subvenciones nominativas a los municipios, como consecuencia de una suspensión cautelar de una ayuda a Busot por orden de un juez. La otra moción era una propuesta para reprobar a tres ex consellers del PP Alejandro Font de Mora, José Císcar y María José Catalá por la sanción de ocho millones de euros por no ejecutar actuaciones sufragadas por fondos europeos.
De los otros puntos a destacar que tuvo el pleno de ayer, Compromís llevó una propuesta para que el patronato del ADDA incluyese a Raquel Pérez de EUPV. El portavoz de Compromis, José Manuel Penalva, ironizo sobre la representación de si mismo del diputado no adscrito, Fernando Sepulcre y pidió que designase la representación del único partido político que no estaba. A esta propuesta estuvieron de acuerdo Raquel Pérez de EUPV y Jose Francisco Chulvi del PSPV-PSOE, destacando éste último que siendo 11 diputados no hay una proporcionalidad en la representación de dicho patronato. Otro punto que el pleno dio el visto bueno fue a una modificación que entrara en vigor en marzo y así beneficiara a unos 9.366 personas de la provincia, y se trata del reglamento de la Teleasistencia Domiciliaria. La aportación anual de este servicio esta estimado en 1,6 millones de euros y contempla un aumento del límite de ingresos anual exigido a los solicitantes, pasando del 200 al 220% del IPREM, que es el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. La gratuidad de este servicio sufragado por la Diputación, excluye a los municipios de Alicante, Elche y Torrevieja, cuyos ayuntamientos asumen el coste de la prestación.
También se apoyó por todos los grupos políticos, a la iniciativa para que la provincia de Alicante sea un territorio interconectado e inteligente bajo el nombre “Estrategia Alicante Smart Province-Provincia de Alicante”. Por último, una moción presentada por Raquel Pérez, de EUPV, en ayuda a la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual elaborada por el colectivo FELGTB, recibió el respaldo de los diputados con la incorporación de una enmienda del PP.