El equipo de Gobierno municipal de Alicante (PP) ha logrado el respaldo de VOX a los presupuestos de 2024 a cambio de prescindir de sanciones de tráfico en la futura ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. El alcalde Luis Barcala se muestra satisfecho con el acuerdo que considera dará estabilidad a la ciudad y la portavoz del grupo de ultraderecha, Carmen Robledillo, destaca que se han atendido sus reclamaciones porque una normativa de estas zonas que persiguen disminuir la emisión de gases contaminantes que contemplara sanciones o restricciones al tráfico eran unas «líneas rojas» para su formación.
La ordenanza que ahora se encuentra en fase de borrador y ha sido esencial para conseguir el respaldo de VOX a las nuevas cuentas anuales de la ciudad no incluirá procedimiento sancionador, y cumplirá con lo que viene estipulado en la ley a este respecto, indican fuentes municipales, «pero sin restringir los derechos fundamentales de los alicantinos y protegiendo la economía local, principalmente en las zonas afectadas».
El acuerdo también establece la inclusión de 20 de las 26 enmiendas presentadas por Vox, que votará a favor de los presupuestos municipales en la comisión de Hacienda de este jueves y el posterior pleno extraordinario que se convocará en los próximos días. También se ha incorporado en el proyecto un millón de euros para desarrollar de manera efectiva la carrera profesional de los funcionarios, que era un requisito en el acuerdo alcanzado por ambos grupos el pasado mes de octubre para la implantación de la nueva estructura directiva del Ayuntamiento.
“Estamos muy satisfechos por este acuerdo porque las enmiendas de Vox ayudan a mejorar nuestro proyecto de presupuestos para seguir avanzado con la mayor estabilidad posible en la transformación y la mejora de Alicante”, ha destacado el alcalde Luis Barcala. “Y la exigencia de Vox sobre la Zona de Bajas Emisiones coincide con mi compromiso ya anunciado durante la campaña electoral de que no se impondrán sanciones, si no es necesario técnicamente y así lo confirman los informes de la secretaría del Ayuntamiento y del área de Medio Ambiente”, ha añadido el primer edil.
Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha subrayado que su formación “ha venido al Ayuntamiento a trabajar con responsabilidad y únicamente por y para los alicantinos. Nos alegra saber que tenemos razón y que no hacía falta sancionar a los alicantinos y condenar al pequeño comercio por el fundamentalismo climático”. “Para nosotros”, ha agregado, “las multas y restricciones de la Zona de Bajas Emisiones eran y son una línea roja, como venimos advirtiendo desde que conocimos el proyecto de ZBE del anterior equipo de Gobierno”.
Reacciones de la oposición
Esquerra Unida-Podem ha sido el primer grupo en mostrar abiertamente su disconformidad con este acuerdo que ignora la urgencia de combatir la contaminación y proteger el medio ambiente, plantea serias preocupaciones sobre la calidad del aire y la salud pública en la ciudad.
«Este acuerdo es una decepción para quienes nos preocupa el medio ambiente y la calidad de vida en Alicante», ha expresado Manolo Copé, portavoz del grupo municipal Esquerra Unida Podem. «La zona de bajas emisiones es una medida necesaria para garantizar un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras». De hecho, la decisión de no aplicar la normativa sobre bajas emisiones representa un desafío directo a los esfuerzos globales para mitigar el impacto del cambio climático y contradice los compromisos asumidos por diversas instancias gubernamentales para reducir la contaminación. Y critica que la protección del medio ambiente no debería ser objeto de negociación».
Respecto al conjunto de enmiendas que se han aprobado, y que han dado luz ver a los presupuestos el grupo califica asimismo de lamentable que «haya sesgo político, ya que debería ser un informe estrictamente técnico». “De hecho hemos comprobado que varias de las enmiendas que hemos presentado sí fueron aceptadas en los presupuestos del año 2022. Por tanto deberán explicar muy bien a qué se debe el rechazo de enmiendas que sí aceptaron con anterioridad”, ha asegurado el portavoz.
También Compromís ha criticado con dureza el acuerdo. Su portavoz en el Ayuntamiento, Rafa Mas, considera que si se cumple este pacto la ciudad se enfrenta a una posible sanción y devolución de ayudas que cifra en «más de 25 millones de euros» por incumplimiento de leyes estatales y europeas. Y da un paso más en sus manifestaciones al señalar que «además de multas puede suponer una posible prevaricación por parte del alcalde ante incumplimiento de las leyes».
El valencianista avanza que el Grupo solicitará una comisión extraordinaria en pleno extraordinario «para vigilar el cumplimiento de las leyes y el seguimiento las ayudas europeas para no perderlas, además de una batería de preguntas para que el Gobierno de España vigile este pacto que como decimos se sitúa fuera de la ley y fuera del marco europeo».
Por su parte, el PSOE ha convocado a los medios de comunicación para valorar el pacto esta mañana, donde la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha señalado que el pacto “no beneficia a los alicantinos y alicantinas, somete a la ciudad a las políticas negacionistas, representan un retroceso, ahonda en las diferencias entre los distintos barrios y no da respuesta a numerosas reivindicaciones vecinales”.
Barceló ha anunciado que los tres grupos de la izquierda en el Ayuntamiento presentaran en el próximo pleno una moción para la creación de una comisión para la redacción de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en la que estén presentes todos los grupos políticos.
En este sentido, añade que “Barcala sabe perfectamente que cualquier ordenanza tiene que tener poder sancionador porque, de no ser así, su cumplimiento sería totalmente inviable y no se ajustaría a la legislación europea. Ese es un requisito necesario puesto que las inversiones se han ejecutado con fondos europeos. De no actuar así, el alcalde pondrá en peligro la recepción de esas ayudas”.
Sobre los acuerdos del pacto con VOX critica que haya aceptado establecer una oficina antiabortista «mientras las políticas sociales no atienden las necesidades básicas», con alusión explícita a la pobreza infantil, y crear un servicio para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, «cuando la necesidad más imperiosa que tienen los ciudadanos de Alicante es poder acceder a una vivienda digna». Asimismo recrimina al alcalde que “no ha querido hablar ni con las fuerzas políticas de la izquierda ni con los cinco distritos de la ciudad».
La delegada del Gobierno habla de un retroceso que está fuera de la Agenda 2030
Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat, considera que este pacto es «otro de los ejemplos claros» de que las alianzas de PP y VOX, en forma de coaliciones o no en la Comunitat «están haciendo que los territorios haya unos retrocesos que hace apenas unos años o siquiera unos meses eran impensables y que sin duda alguna no tienen cabida en una sociedad moderna y en una sociedad que mira el futuro y que además está dentro del paradigma que marca un consenso internacional que es la agenda 2030».
El negacionismo de la agenda 2030, apunta Bernabé, lleva a «escuchar algo tan grave como que no se vaya a someter a la legislación que ya existe en Europa cuestiones fundamentales que tienen que ver con atajar las consecuencias del cambio climático o con las emisiones de CO2». Algo que, a su juicio, «no lo van a poder hacer porque nadie puede ir en contra del progreso natural y del avance natural y sobre todo nadie puede ir en contra de lo que es el marco general europeo».
Otros acuerdos de PP y VOX para aprobar los presupuestos de 2024 de Alicante
El proyecto de Presupuestos para el año próximo elaborado por el equipo de Gobierno asciende a 359,26 millones de euros, la cifra más elevada y “ambiciosa” en la historia del consistorio, y supone un incremento de 27,8% con respecto al último aprobado en 2022. En materia de seguridad, a propuesta de Vox se incorpora el estudio y proyecto de la Comisaría de la Policía Local para la Zona Norte y el aumento de la flota de vehículos del cuerpo policial, así como la puesta en funcionamiento de la Comisaría de la Policía Local en la avenida del Locutor Vicente Hipólito en la Playa de San Juan y el impulso de un servicio para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.
El acuerdo también contempla las peticiones de Vox acerca de la actualización del Museo de Belenes, el aumento de la dotación a la Escuela Taurina y el inicio de los trabajos para la creación del Museo de la Semana Santa, una exigencia histórica de la comunidad cofrade alicantina. Con respecto al turismo y el pequeño comercio se determina un programa de ayudas a la digitalización para autónomos y pequeños comerciantes con el fin de mejorar su competitividad; la instalación de zonas de sombra en las principales áreas comerciales; la instalación de marquesinas en las paradas de taxis de los puntos turísticos y la mejora de la accesibilidad y la instalación de aseos para personas con discapacidad en las playas.
Entre las medidas planteadas por Vox, el gobierno municipal también ha incorporado la creación de las oficinas de atención al cuidador de dependientes para atender a mujeres embarazadas con dificultades económicas, sociales o familiares.
En cuanto a actuaciones en los barrios, en el acuerdo alcanzado destaca la inclusión de la finalización de la reurbanización de la avenida de Niza de la Playa de San Juan con el inicio de las obras de la tercera fase, la reforma y mejora del Vial de los Cipreses y vías adyacentes, así como el inicio de los trabajos de estudio y proyecto de un plan de actuación integral en San Antón.
Seguimiento del acuerdo
Por último, el gobierno municipal ha acordado con Vox hacer un seguimiento de la ejecución de este acuerdo presupuestario, mediante la celebración de reuniones con periodicidad bimensual para evaluar el grado de cumplimiento de las medidas. Además PP y Vox mantendrán una línea de diálogo para preparar los expedientes de modificación de crédito para la aplicación de remanentes de Tesorería. A esas reuniones acudirán el concejal de Hacienda, Toni Gallego, por parte del equipo de Gobierno, y la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, y el responsable de Hacienda de esta formación, Mario Ortolá.
