Vox ha anunciado este viernes una batería de medidas contra el «alarmante aumento» de los empadronamientos «ilegales» en los municipios en los que gobierna o tiene acuerdo de gobierno, entre los que menciona Castellón, Elche, Burgos, Palma y Cartagena, que tienen alcaldes o alcaldesas del PP.
En un comunicado, Vox ha indicado que estas medidas, que van de inspecciones y visitas domiciliarias a canales de denuncias anónimas, pasando por sanciones contra los fraudes o retirada inmediata de ayudas públicas a «ilegales», se extenderán a otros municipios donde tiene competencias en seguridad.
En el caso de Elche, Aurora Rodil, tercera teniente de alcalde de Elche, ha declarado que «existe un mercado negro de empadronamientos, gente que se empadrona de forma fraudulenta para conseguir los beneficios y ayudas sociales«.
La formación liderada por Santiago ha detallado, asimismo, en un comunicado que en Cartagena existe «un problema de inmigración masiva potenciada por el polo atractor de los centros de inmigración«, según ha declarado el portavoz, Gonzalo López Pretel, que considera que «el empadronamiento se usa como herramienta para regularizar y captar beneficios«.
Allí, el Ayuntamiento ha solicitado información al departamento de estadística para obtener datos sobre viviendas con movimiento en el padrón de más de dos en los últimos cinco años, con una ratio de personas empadronadas mayor que una por cada 10 metros y con personas empadronadas distintas al propietario y su familia.
En Castellón dice haber detectado «que en pisos de no más de 90 metros cuadrados hay hasta 15 empadronados» y que quienes administran esos pisos «patera» los subarriendan por habitaciones «lucrándose a costa de los más indigentes».
Además de relacionar esta situación con un aumento de la delincuencia, el concejal de Seguridad y Emergencias de Castellón, Antonio Ortolá, ha indicado que el Ayuntamiento de Castellón implementará un plan con Servicios Sociales y Familia e Infancia para detectar empadronamientos fraudulentos.
La misma vinculación entre el aumento de la delincuencia y el «uso indebido» del empadronamiento ha hecho el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, cuyo grupo municipal ha propuesto que la policía realice inspecciones domiciliarias para detectar empadronamientos fraudulentos.
Según la formación que lidera Santiago Abascal, casos como el empadronamiento de más de 34 personas en un apartamento en Manacor y 24 en un piso de Palma «ilustran la gravedad del problema«.
En Burgos, el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ha afirmado que la Concejalía de Seguridad va a «reforzar la colaboración con las fuerzas de seguridad para que no se produzcan problemas de violencia o delincuencia derivados de los empadronamientos ilegales«.
Además, Vox ha informado de que está exigiendo a las administraciones autonómicas la suspensión inmediata de ayudas sociales como la renta social básica a aquellas personas que hayan ingresado en España ilegalmente o se encuentren en el territorio nacional después de perder su estatus de residente legal.
