El colectivo veterinario de Alicante volverá a reivindicarse el próximo miércoles, 26 de marzo y están llamados a cerrar 331 centros de la provincia entre las 10y las 12 de la mañana. Durante esas horas se convocarán profesionales y simpatizantes en la Plaza de la Montañeta 6, en la explanada de la sede de la subdelegación del Gobierno en Alicante, contra la que consideran una restrictiva regulación del veterinario hoy vigente. De manera simultánea, entre las 10 horas y las 12 horas de esa jornada, están llamados al cierre temporal los 331 centros veterinarios de la provincia.
La acción promovida por el Colegio de Veterinarios (Icoval) y que a nivel nacional está convocada por el Comité de Crisis Veterinario -que engloba a todas las asociaciones, sindicatos y colegios veterinarios- busca involucrar también a los responsables de animales de compañía, representantes de protectoras y ganaderos.
Esta nueva cita se produce tras el paro del 11 de febrero en la mayor parte de centros de la Comunidad Valenciana y en buena parte del país, tras la manifestación en Valencia del 21 del mismo mes y una «histórica concentración en Madrid y frente al Ministerio de Agricultura del 5 de marzo», señalan desde el Colegio.
La protesta invita a manifestarse a todos los damnificados «por las dificultades de acceso y el encarecimiento innecesario de los medicamentos veterinarios, por las limitaciones que la actual regulación (RD 666/2023) suponen al criterio clínico y
científico de estos profesionales, por la excesiva carga burocrática que implica el sistema obligatorio de comunicación de antibióticos llamado PRESVET o por la imposición de un IVA a estos servicios al tipo máximo del 21%».
Las mismas fuentes señalan que «pese al clamor expresado por el colectivo en sucesivas protestas -la primera arrancó en Barcelona el 2 de febrero- el ministro de Agricultura, Luis Planas, aún no ha recibido a los representantes del sector para establecer una línea de diálogo y poder encauzar las reformas reclamadas».
El Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, además, también se ha dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, con el fin de mantener un encuentro para abordar la situación del medicamento veterinario con idéntico resultado. Paradójicamente, los contactos mantenidos con los diferentes grupos parlamentarios del Congreso y del Senado han dado resultados positivos y sí han mostrado su predisposición a los cambios reivindicados.
En las 52 provincias está previsto que se realicen concentraciones frente a las respectivas delegaciones y subdelegaciones de gobierno que se simultanearán con un cierre de todos los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios en la referida franja horaria (de 10 a 12 horas).
La motivación de todas estas protestas -que exceden el ámbito competencial de Agriculura y que al afectar a la salud pública vinculan también a las autoridades sanitarias del país- es la misma: se exige reformar el RD 666/2023 para establecer una moratoria en la aplicación de la comunicación obligatoria a través de tal plataforma de los antibióticos recetados a los animales (no sólo de compañía, sino también los de producción); la flexibilización de la normativa para permitir la venta al por menor de medicamentos a los animales a cargo del veterinario y rebajar el IVA aplicado a sus servicios (que es el mismo que el aplicado a los artículos de lujo, un 21%).
De un lado, se insiste en que existe un sistema europeo alternativo -hoy llamado proyecto ESUAVet, antes ESVAC- que permite la recogida y evaluación de
datos sobre venta y uso de antimicrobianos (antibióticos) de manera indirecta, no a través de los veterinarios sino de los distribuidores de medicamentos. Es más, la legislación comunitaria en esta materia, ni siquiera exige la recogida de datos
de prescripciones (articulo 57 del Reglamento) permitiría aplicar la moratoria reclamada para el uso obligatorio de PRESVET en la transmisión de tales datos, pues sólo exige hacerlo a partir de 2029.
Así, sostienen que la normativa restringe «injustificadamente» el acceso a los tratamientos de los animales, poniendo en peligro su estado sanitario y bienestar, por
lo que se reclama que las decisiones sobre la salud animal se tomen bajo un criterio veterinario y no administrativo.
