El Colegio de Trabajo Social de Alicante, junto a los de València y Castellón, ha pedido una Renta Valenciana de Inclusión (RVI) ‘más justa, ágil y centrada en las personas’. Las entidades han intervenido ante la Comisión de Servicios Sociales de Les Corts en el debate del anteproyecto de la nueva ley que regulará este derecho autonómico.
Durante la comparecencia, Cristina Marco, integrante del COTS València, ha defendido las alegaciones del Consell Valencià de Treball Social, que agrupa a los tres colegios provinciales. Ha destacado que el sistema “solo funcionará si se refuerzan los Servicios Sociales y se eliminan las trabas que impiden el acceso a quienes más lo necesitan”.
Carencias estructurales y exceso de carga municipal
Los colegios reconocen avances en el texto, como la simplificación de la prestación y la mejora de su compatibilidad con el empleo, pero advierten de que la ley no será efectiva sin recursos reales y suficiente personal.
Entre las principales carencias señalan la “sobrecarga” de los Servicios Sociales municipales, los plazos inviables para emitir diagnósticos sociales, las restricciones para jóvenes de entre 23 y 30 años, la insuficiente respuesta a la crisis habitacional y el riesgo de sanciones a personas en exclusión social.
Reclaman refuerzo y estabilidad
El Consell Valencià de Treball Social insiste en que sin reforzar la red de Servicios Sociales municipales, la RVI se convertirá en una ayuda sin acompañamiento real. Reclaman financiación estable, ratios profesionales adecuadas, formación continua y herramientas técnicas que faciliten una gestión más humana.
“Garantizar ingresos no basta. La inclusión requiere acompañamiento profesional, estabilidad de los equipos y condiciones dignas para quienes los integran”, apuntan desde los colegios.
Las tres entidades reiteran su compromiso con la mejora del sistema valenciano de protección social y defienden que la Renta Valenciana de Inclusión “debe seguir siendo un derecho garantizado, no condicionado a los recursos disponibles”.
