El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha alertado del “grave deterioro” de la relación entre esta institución y Les Corts Valencianes, a las que reprocha su falta de interés por escuchar al defensor autonómico y una “deriva institucional peligrosa” que, según sostiene, amenaza el papel y la autonomía de los organismos estatutarios. Luna ha presentado este martes en la cámara autonómica su Informe anual de 2025, el último del periodo ordinario de su mandato, que concluye en diciembre de 2026.
Durante su comparecencia, el síndic ha asegurado que se intenta debilitar a las instituciones estatutarias sin contar con la mayoría suficiente para hacerlo y ha denunciado que se busca “tapar la boca a las instituciones para que no llegue la queja del ciudadano adonde tiene que llegar”. A su juicio, el deterioro de la relación con Les Corts no es nuevo, pero se ha agravado especialmente en el último año.
Luna ha explicado que ya en 2019 ofreció una colaboración más estrecha a Les Corts para reforzar la defensa de los derechos de la ciudadanía, aunque esa disposición, según ha lamentado, nunca obtuvo respuesta. En su balance de estos siete años al frente de la institución, considera que esa desafección institucional ha desembocado en una pérdida de interlocución y de presencia parlamentaria.
Uno de los episodios que más ha criticado es que en 2025 no pudo exponer su informe en Les Corts porque no fue convocado. El síndic sostiene que esa situación incumple lo previsto en la ley de la institución y supone un “desaire” a la ciudadanía, al impedir que las quejas y preocupaciones de los valencianos lleguen directamente al pleno de la cámara.
El Síndic cuestiona la reforma del reglamento de Les Corts
El defensor también ha cargado contra la modificación del reglamento de Les Corts aprobada el año pasado, que, a su juicio, supone una “regresión democrática” en la relación con el Síndic de Greuges y con el resto de instituciones estatutarias. Según defiende, la nueva regulación reduce la visibilidad del Síndic y rebaja el alcance institucional de su informe anual.
En este punto, Luna ha advertido de que la ley distingue entre la presentación formal del informe y su exposición pública ante el pleno, que es la que garantiza que los representantes públicos conozcan de primera mano los problemas trasladados por la ciudadanía. Suprimir esa comparecencia, según ha expuesto, reduce de forma evidente el papel institucional del Síndic.
Además, el informe recoge la preocupación de la institución por la posibilidad de que se “abra la puerta a intervenir” las partidas presupuestarias de los organismos estatutarios durante la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat, lo que, según defiende, introduce un riesgo de presión política contrario a la autonomía que protege el Estatut.
Luna también alude al precedente vivido en 2025 con la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cuyo presupuesto fue modificado durante la tramitación parlamentaria hasta comprometer, según expone, su funcionamiento y autonomía. Para el síndic, este episodio constituye una señal de alarma sobre el equilibrio institucional en la Comunitat Valenciana.
Más de 28.000 actuaciones y un aumento de las consultas ciudadanas
Junto a la crítica institucional, el informe anual refleja un incremento de la actividad del Síndic durante 2025. La oficina de atención ciudadana ha atendido 23.137 consultas, casi un 25% más que el año anterior, mientras que se han tramitado 5.006 quejas, un 5% más que en 2024, además de 12 investigaciones de oficio.
Los asuntos relacionados con Servicios Sociales vuelven a concentrar el mayor volumen de reclamaciones, con cerca de 1.900 quejas, la mayoría vinculadas al reconocimiento de la dependencia y a las demoras en la valoración de la discapacidad. Luna ha lamentado que sigue sin acometerse una simplificación real de los procedimientos y ha advertido de un “atasco irresoluble” en este ámbito.
Tras esta materia, las quejas por falta de transparencia y acceso a la información pública continúan entre las más numerosas. El síndic sostiene que, con los medios actuales de las administraciones, la opacidad no puede justificarse por problemas técnicos y responde a una falta de voluntad política que compromete la calidad democrática.
En la misma línea, el informe destaca que la vulneración del derecho a una buena administración sigue siendo el principal motivo de queja. De hecho, Luna subraya que la inmensa mayoría de reclamaciones parten de la falta de respuesta de las administraciones a solicitudes y escritos de la ciudadanía.
La DANA y la vivienda, entre las principales preocupaciones
El documento también incorpora un balance de la actuación institucional tras la DANA de 2024. Tres investigaciones de oficio abiertas en materia de Servicios Sociales, Educación y Vivienda se integraron en un único expediente que ha derivado en un informe especial sobre el impacto de la catástrofe y sobre la respuesta de los distintos sistemas públicos.
A juicio del síndic, durante 2025 ha quedado en evidencia la falta de coordinación entre el Gobierno central y la Generalitat para atender a los damnificados y avanzar en la reconstrucción. Luna considera que la ausencia de una interlocución mínima entre ambas administraciones ha perjudicado a cientos de miles de personas afectadas.
En materia de vivienda, el informe también pone el foco en el empeoramiento del problema y en la eliminación, en la ley de presupuestos de la Generalitat de 2025, del procedimiento para conceder ayudas cuando no existían viviendas disponibles para adjudicar. El Síndic considera que esa supresión supone un grave paso atrás y limita el acceso a un derecho básico para los colectivos más vulnerables.
