El retorno al trabajo tras una baja por incapacidad temporal debe dejar de ser un mero trámite administrativo y convertirse en una pieza clave del proceso de recuperación y bienestar. Así lo han subrayado expertos reunidos en las V Jornadas sobre el Retorno al Trabajo Efectivo y Saludable tras una Incapacidad Temporal (IT), que se han celebrado este jueves en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH).
Entre las propuestas clave que han surgido de este encuentro, que ha contado con la presencia del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, los especialistas insisten en la necesidad de desarrollar marcos legales que reconozcan el derecho a un retorno progresivo.
Además, defienden la creación de una figura de gestor o gestora de casos de retorno, que facilite la coordinación entre empresa, trabajador/a y sistema público, y reclaman protocolos claros y regulaciones específicas que garanticen una reincorporación adaptada a las necesidades individuales, fomentando la cooperación efectiva entre servicios sanitarios, mutuas, empresas y administraciones.
La directora del Grupo de Investigación Salud-O de la UMH, Beatriz Martín del Río, sintetiza esta idea con una frase contundente: “Volver al trabajo hace bien… si lo hacemos bien”. Martín del Río explica que un retorno planificado puede mejorar significativamente la salud física y mental, con beneficios que van desde el aumento de la capacidad funcional y la reducción del dolor hasta la recuperación del bienestar emocional, la autoestima y la identidad profesional.
Beneficios del retorno al trabajo
En el estudio realizado se detallan los múltiples beneficios del retorno al trabajo tras una IT de larga duración. En el plano físico, se observa un aumento de la capacidad funcional. Además, la reincorporación se asocia con una mayor supervivencia a largo plazo, menor presencia de comorbilidades y reducción del dolor y otros síntomas físicos, favoreciendo el disfrute del movimiento y el establecimiento de rutinas más saludables, como el ejercicio regular o la mejora del sueño.
Desde una perspectiva psicológica, el impacto también es notable. El trabajo aporta estructura, sentido y relaciones sociales que contribuyen al bienestar emocional, la reducción de síntomas depresivos, el alivio del estrés emocional y financiero, y una mejora general en la salud mental. Asimismo, facilita la recuperación de la identidad profesional, eleva la autoestima y permite retomar el sentido de normalidad. El entorno laboral también puede actuar como red de apoyo emocional, reduciendo el aislamiento y promoviendo estrategias activas de afrontamiento.
La jornada, organizada por el Grupo de Investigación en Salud Ocupacional (Salud-O) de la UMH y la UGT-PV, ha sido inaugurada por la gerente de la UMH, Emma Benlloch, el ya mencionado secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y la secretaria ejecutiva de UGT Confederal, Cristina Estévez. El encuentro ha reunido a profesionales del ámbito jurídico, sanitario y académico que abordan el tema desde múltiples perspectivas.
Un reto de Estado
La investigadora de la UMH Cristina López-Tello Aroca destaca que el retorno tras una IT de larga duración es un “reto de Estado que requiere políticas específicas, un enfoque multidisciplinar y un compromiso social por la salud, equidad y bienestar laboral: lo dicen los expertos”.
Durante la Jornada, ha presentado las principales conclusiones de un estudio cualitativo basado en un grupo de discusión con personas expertas. Profesionales del ámbito sanitario, jurídico, técnico y sindical, así como grupos de afectados, ponen de manifiesto que el retorno al trabajo tras una IT de larga duración no es un asunto individual, sino un problema estructural que requiere un abordaje sistémico y políticas públicas específicas.
López-Tello explica que el problema es estructural y afecta a múltiples actores. Entre las barreras detectadas, destaca la falta de coordinación entre servicios sanitarios, mutuas, empresas e instituciones. Además, señala la insuficiencia de recursos del sistema público de salud y las dificultades de comunicación, especialmente en casos relacionados con la salud mental. También apunta las limitaciones que enfrentan las PYMES para planificar y adaptar los retornos, así como la desigualdad existente entre el Sistema Nacional de Salud y las mutuas.
Por otro lado, denuncia una burocracia que desprotege a personas con discapacidad o enfermedades crónicas. Asimismo, advierte sobre las desigualdades de género y sectoriales, junto con una falta de formación y sensibilización en las empresas para entender el retorno laboral como un proceso de recuperación, y no solo como una reincorporación administrativa.
De “vivir para trabajar” a “trabajar para vivir”
El médico evaluador jefe de la Unidad Médica del EVI del INSS en Alicante, Rafael Lobato Cañón, añade que la reincorporación no es solo una cuestión médica o administrativa, sino también técnica, normativa y cultural. Lobato subraya cómo la transición cultural desde “vivir para trabajar” a “trabajar para vivir” modifica las expectativas y necesidades laborales.
Tomando como marco los retos planteados por la Declaración de Luxemburgo de la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP), Lobato advierte que la reincorporación laboral tras una IT no puede abordarse desde una perspectiva tradicional.
Destaca la importancia de la Ley 2/2025, que reconoce el derecho a un retorno progresivo, y apuesta por metodologías innovadoras como el protocolo Retorna y el sistema de información HEART para gestionar el proceso con éxito. Insiste además en la creación de la figura del gestor de casos, “una figura de consenso que actúe como facilitadora entre empresa, trabajador/a y sistema público”, y señala que la negociación colectiva debe jugar un papel central para adaptar las condiciones laborales a la realidad cambiante del empleo.
El gestor de casos
Por último, el jurista y profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universitat de València, Adrián Todolí Signes, destaca los avances normativos, en especial la reforma que elimina la extinción automática del contrato por incapacidad permanente. Según Todolí, este cambio de paradigma pone el foco en la inclusión laboral y la adaptación del puesto mediante ajustes razonables, especialmente para personas con trastornos psicológicos vinculados a su actividad. El jurista afirma que “esta reforma hace un llamamiento a la responsabilidad del tejido empresarial y de las administraciones públicas: adaptar los entornos laborales ya no es solo una buena práctica, sino un imperativo legal y ético”.
Estos planteamientos cobran especial relevancia tras el reciente informe anual 2024 del Banco de España, que señala un aumento significativo en las bajas laborales en los últimos años. Según el organismo, la proporción de trabajadores en situación de incapacidad temporal ha crecido un 63 % desde 2019, pasando del 2,7 % al 4,4 % en 2024.
