El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha recalcado la defensa “firme” del Consell que lidera del trasvase Tajo-Segura como se refleja en la presentación de 40 recursos, aunque ha añadido que al mismo tiempo trabaja en soluciones a través del diálogo.
En una conferencia titulada “La Comunitat avanza”, organizada por el Foro Alicante, Puig ha puesto de manifiesto que la Generalitat ha sido la primera administración en presentar un recurso judicial ante el nuevo Plan del Tajo, que supone un aumento de los caudales ecológicos, y ha añadido que lo ha hecho “al mismo tiempo que se trabaja para soluciones”.
Ha defendido que el Consell que preside siempre ha estado “en la mesa para dialogar” porque es consciente de que existe un problema hídrico, de cambio climático y también necesidades “que arbitrar de otras manera”.
Entre las soluciones que propugna ha citado, “sin renunciar al Tajo-Segura”, la mejora de aprovechamiento de depuración ya que por ejemplo en Alicante aún se lanza “mucha agua al mar que se puede reutilizar”, así como aprovechar la desalinización apoyando ayudas directas al precio del agua desalada e “inversiones para mejorar la modernización del riego para que el primario sea sector de futuro garantizando el agua para siempre”.
Todo ello, “sin buscar confrontaciones territoriales y sin jugar al partidismo y a una demagogia que, además, han demostrado ser enorme fracaso”, según el jefe del Consell valenciano.
Puig ha recordado que la Generalitat no comparte del Plan del Tajo la disposición 9 pero sí la mayor parte del Real Decreto que lo regula, como las subvenciones a la desalinización y otras inversiones “porque la vida no es blanco y negro”.
Ha agregado que un problema del “mal estado del Tajo” viene de aguas arriba porque “no se depura adecuadamente en la Comunidad de Madrid”, lo cual “es una realidad que hay que solventar”.
A este respecto, ha indicado que mientras que la Comunitat Valenciana ha sufragado con recursos propios las inversiones de saneamiento, en Madrid será el Estado el que pague esas infraestructuras con 1.000 millones de euros, aunque ha añadido que le parece bien porque “nadie quiere que esté bien el Tajo más que nosotros”.
