El PSPV-PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por el proceso de adjudicación de viviendas públicas en Alicante y ha solicitado la creación de una comisión de investigación en Les Corts Valencianes para esclarecer los hechos.
Así lo ha anunciado este jueves la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ha sostenido que el Partido Popular no gobierna para garantizar el derecho a la vivienda, sino “para aprovecharse de las políticas públicas”.
Morant ha realizado estas declaraciones tras una reunión con el colectivo LGTBI+, en la que ha estado acompañada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y en la que ha advertido de que los hechos conocidos en Alicante “ponen en cuestión el uso que el PP está haciendo de la vivienda protegida en plena crisis habitacional”.
La dirigente socialista ha lamentado que, “en el momento más grave de dificultad” de acceso a la vivienda para familias y jóvenes, el Ayuntamiento de Alicante haya promovido “una única promoción de vivienda pública en más de 20 años”.
Según ha denunciado, “parte de esas viviendas se han adjudicado a cargos políticos, a familiares directos de responsables municipales y a técnicos del propio Ayuntamiento”, lo que, a su juicio, compromete la finalidad social de este tipo de promociones.
Morant ha subrayado que se trata de viviendas construidas sobre suelo público, de alto nivel, que salieron al mercado por un precio aproximado de 230.000 euros y que, según las informaciones conocidas, se estarían revendiendo por más de 400.000 euros, con indicios de posibles prácticas irregulares.
La líder del PSPV ha advertido de que existen “serias dudas de que este proceso cumpla con la legalidad” y ha vinculado estas adjudicaciones a los cambios normativos impulsados en su momento por Carlos Mazón, que amplían el concepto de “familia vulnerable” hasta rentas de 60.000 euros, una modificación que, según ha señalado, “desvirtúa completamente el sentido de la vivienda pública”.
Por todo ello, el PSPV-PSOE ha anunciado que ha trasladado los hechos a la Fiscalía por el posible uso de información para beneficio propio y ha solicitado una comisión de investigación parlamentaria para depurar responsabilidades políticas.
