El PSOE en el Ayuntamiento de Alicante ha exigido este lunes al alcalde, Luis Barcala, que aclare desde cuándo conocía los pagos vinculados a la cooperativa Les Naus realizados por la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y le ha acusado de intentar “cerrar en falso” el expediente municipal pese a que, según sostiene el grupo socialista, siguen existiendo “numerosos interrogantes”.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha afirmado que el alcalde “no puede limitarse a decir que no hay nada más que investigar mientras siguen apareciendo datos que contradicen esa versión” y ha reclamado explicaciones sobre cuándo tuvo conocimiento del asunto y por qué Gómez fue cesada de las competencias de Patrimonio. Barceló ha advertido: “Si Barcala no tiene nada que ocultar, debe aclarar cuándo conoció estos pagos y por qué la cesó de las competencias de Patrimonio”.
Según la documentación a la que, según explican desde el PSOE, ha tenido acceso el Grupo Socialista, Rocío Gómez firmó un contrato de adhesión a la cooperativa el 8 de marzo de 2022 e hizo un pago de 67.650 euros. El grupo socialista ha señalado que ese ingreso se produjo antes de que la junta local de gobierno aprobara la adjudicación de la parcela a la cooperativa, fechada el 22 de marzo de 2022.
En el mismo relato, el PSOE ha indicado que el pago también se realizó antes de que la Generalitat Valenciana concediera a Les Naus la calificación provisional como vivienda de protección pública, que —según concreta— no llegó hasta el 9 de septiembre de 2023. Además, ha añadido que no fue hasta el 9 de febrero de 2024 cuando la Generalitat autorizó formalmente a la cooperativa a percibir cantidades a cuenta de los adjudicatarios.
Posteriormente, siempre según la versión socialista, el 25 de junio de 2024 la edil firmó un nuevo contrato de adhesión, “aparentemente” para corregir la entrega a cuenta realizada en 2022. Barceló ha recordado que el cobro de cantidades anticipadas sin contar con la preceptiva calificación provisional puede constituir una infracción muy grave en materia de vivienda protegida y ha subrayado: “Los pagos se realizaron antes de que existiera autorización para percibir cantidades a cuenta y eso es un hecho objetivo que el alcalde no puede obviar”.
El Grupo Socialista ha insistido en que el alcalde no debería dar por cerrado el expediente interno mientras, según defiende, “la propia documentación municipal” refleja que los pagos se realizaron antes de la autorización autonómica. En esa línea, ha afirmado que en el expediente de averiguación interna impulsado por Barcala no consta que se haya requerido formalmente a la ya exconcejala para que aportara toda la documentación relativa a los pagos a la cooperativa.
La portavoz socialista también ha puesto el foco en la decisión del alcalde de cesar a Rocío Gómez como responsable de Patrimonio “apenas quince días antes” de que formalizara la segunda adhesión a la cooperativa. A juicio del PSOE, esa secuencia lleva a preguntarse si Barcala ya tenía conocimiento previo de la situación cuando adoptó esa decisión y si ese fue el verdadero motivo del relevo.
Barceló ha remarcado que, según plantea su grupo, no se trata de una concejala cualquiera, sino de una persona de “máxima confianza” del alcalde, con una relación previa a su etapa institucional. En este contexto, ha afirmado: “Resulta difícil creer que el alcalde desconociera una situación que afectaba a una persona de su máxima confianza”, y ha añadido que “la decisión de apartarla de Patrimonio pocos días antes de la segunda adhesión no puede desligarse del contexto en el que se produce”.
Además, el Grupo Socialista ha considerado “imprescindible” esclarecer si, en la segunda adhesión, se cumplían todos los requisitos exigidos para acceder a una vivienda protegida, especialmente en lo relativo a la titularidad de otros inmuebles y a los límites de ingresos de la unidad familiar.
En su conclusión, Barceló ha reiterado que, según sostiene el PSOE, el alcalde no debería precipitar el cierre de la investigación interna mientras persistan dudas sobre su grado de conocimiento. “La transparencia no consiste en proteger a los suyos, sino en explicar toda la verdad”, ha defendido, antes de insistir en que “la transparencia no consiste en dar carpetazo, sino en explicar con claridad qué sabía el alcalde y desde cuándo lo sabía” y de añadir que “si no tiene nada que ocultar, lo que corresponde es ofrecer todas las explicaciones y no cerrar el expediente en falso”.
