Vecinos del barrio Miguel Hernández de Alicante se concentran a las 19 horas de hoy viernes en la plaza María Yolanda Escrich Forniés. Protestarán por la notificación de desahucio de viviendas ocupadas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVhA) que han recibido «muchas» familias. Desde el organismo público, señalan que «cuando la EVha realiza un desalojo es porque ha habido una resolución judicial que hay que ejecutar. Todos son procedimientos judiciales, que tienen base legal y sentencia ejecutoria».
Añade también el EVhA que «en los procedimientos de desalojos, se analiza la situación de las personas afectadas, sobre todo en casos de vulnerabilidad, para verificar que tienen red familiar para dar solución habitacional». Y, con estas personas «se trabaja vía servicios sociales, para ver fórmulas en los recursos de inclusión».
Los vecinos y el Sindicat de Barri Carolines, por su parte, sostienen que «algunas» personas «lograron obtener un precontrato con la EVHA para quedarse con los inmuebles en 2015 pero también han recibido la amenaza de desalojo». Algunos llevan «más de 15 años» en los pisos y hay quienes realizaron reformas al contar con este acuerdo, sostiene Fany, portavoz de estos residentes en el barrio.
Las cartas comenzaron a llegar después del desahucio de una pareja joven y su hijo de 3 años el pasado 11 de junio. «Han enviado cartas de desahucio -a personas- con precontrato. Entonces, la gente del barrio lo que tiene es miedo», afirma. Los residentes de una de cada tres viviendas sociales autonómicas en este barrio no tienen contrato.
Los ocupantes, del barrio
El relato de Fany describe que las personas sin contrato son del barrio de toda la vida y, según manifiesta, sin recursos para comprar o alquilar. «Vas al IVVSA -Instituto Valenciano de Vivienda-, pedías la solicitud para para que te diesen una casa en el barrio y desde el IVVSA siempre te decían que no había pisos. Tienes que ponerte en una lista de espera. Y la gente cansada de ver las casas del barrio, había muchas que llevaban más de 20 años vacías y se las estaban comiendo el polvo y los bichos (…) Entonces, la gente se metió».
En este sentido, desde la EVhA, apuntan que «en la mayoría de casos de desalojos voluntarios y en muchos forzosos, las viviendas son inmediatamente ocupadas de nuevo». No hay tiempo para repararlas «porque, antes de que se realice la inspección para valorar los daños, ya la han vuelto a ocupar. En ocasiones son los mismos desalojados«, aclaran
Las mismas fuentes autonómicas recuerdan que «las personas que ocupan vivienda de forma ilegal están privando a personas vulnerables de la posibilidad de tener una casa». Y es la administración quien evalúa y prioriza cada caso.
Así, sobre el último desahucio en el barrio, fuentes acreditadas explican que la madre de la mujer desahuciada también es adjudicataria de una vivienda social de la Generalitat en un edificio cercano y cuenta con una habitación disponible. También, según ha conocido este diario, la familia desahuciada consta como demandante de vivienda desde el pasado 27 de mayo, después de haberles notificado el desalojo.
Una de cada cuatro viviendas públicas de la Generalitat está ocupada ilegalmente
La Generalitat cuenta con 2.000 viviendas sociales en la ciudad de Alicante, de las que más de 500 están ocupadas ilegalmente. Concretamente, en el barrio Miguel Hernández hay 520, de las que 171 carecen de contrato de alquiler social.
La ciudad arrastra una situación de proceso de regularización de contratos desde hace una década. En 2015, el Botànic comenzó a estudiar la casuística de familias ocupantes sin contrato. Se accedió a otorgar el contrato de alquiler siempre que se cumplieran determinados requisitos «objetivos y subjetivos», según fuentes autonómicas.
Entre los criterios objetivos, acreditar la situación de vulnerabilidad y que la vivienda estuviera ocupada antes de julio de 2015.
Además, debían asumir el pago del alquiler, gastos de la comunidad y permitir el acceso al inmueble a los técnicos de Evha para comprobar las condiciones de habitabilidad. La resolución también recoge criterios subjetivos en los que deberán demostrar buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble, así como el arraigo en el barrio.
174 familias ocupantes ilegales han regularizado su situación o están en fase
Actualmente, 92 familias alicantinas han regularizado su situación mediante este proceso y otras 82 están en fase de estudio.
Las mismas fuentes reiteran que la ocupación ilegal de una vivienda pública impide que la Administración la pueda otorgar a quien justifique una mayor necesidad tras la debida comprobación de las circunstancias de las personas solicitantes, que no necesariamente han de ser los ocupantes.
Y, subrayan que la postura de la Generalitat «es clara y se ha constatado la necesidad de no permitir nuevas ocupaciones ilegales en viviendas públicas, ya que impiden atender a las familias necesitadas que respetan la legalidad».
Rehabilitación inmobiliaria en Miguel Hernández
En el grupo de Miguel Hernández, la Generalitat, a través de la EVha, está ejecutando las obras de rehabilitación integral en un edificio de 20 viviendas de la plaza María Yolanda Escrich 5 y 6, con un coste cercano a los cuatro millones de euros, y de otro de 16 viviendas en los números 7 y 8 de la misma plaza, con una inversión de 3,8 millones.
Para llevar a cabo estos trabajos ha sido necesario realojar a los ocupantes de estas viviendas en otros inmuebles del parque público en Alicante.
Por otra parte, la Vicepresidencia tiene en proceso de adjudicación las obras de reparación, refuerzo estructural e intervenciones puntuales en fachadas, cubiertas, así como en el interior de los edificios que componen la manzana B del grupo Miguel Hernández. En esta actuación tiene previsto invertir unos 540.000 euros.
Plan Vive
El Plan Vive prevé construir 10.000 viviendas en la Comunitat en cuatro años, fomentando las colaboraciones público-privadas.
Un total de 309 municipios de las tres provincias se han adherido a este Plan, por el que han licitado hasta la fecha más de 1.850 viviendas. Las previsiones estiman que durante el presente año se alcanzará la cifra de 2.000 unidades residenciales en fase de ejecución en suelo público.
De las más de 1.850 viviendas previstas por permuta a cambio de obra en estas licitaciones, más de 1.180 viviendas se construirán en la provincia de Alicante en municipios como Torrevieja, Alicante, San Vicente del Raspeig, Elche, Sant Joan, y Xàbia. En Alicante ciudad se alzarán 191 viviendas.
Precisamente, en el mes de abril, se iniciaban las obras de 34 viviendas adosadas de protección pública en el barrio alicantino de Rabasa para destinarlas a alquiler asequible. Además, este mes de junio, han comenzado las obras para construir 50 viviendas protegidas en El Campello.
