CCOO ha expresado su preocupación ante la decisión del Ayuntamiento de Alicante de contratar seguridad privada para la vigilancia de edificios municipales, una función que —según recuerda— está legalmente atribuida a la Policía Local en la Ley Orgánica 2/1986. La organización sindical sostiene que esta medida, anunciada por el alcalde Luis Barcala junto al concejal del área y el portavoz adjunto de Vox el pasado 5 de diciembre, constituye en la práctica “una privatización encubierta” de competencias públicas.
El sindicato subraya que la Ley de Seguridad Privada establece que la actividad de estas empresas es complementaria y subordinada a la seguridad pública, por lo que no pueden asumir funciones propias de los cuerpos policiales. En este sentido, alerta de que externalizar la vigilancia de edificios municipales puede generar inseguridad jurídica, comprometer la reserva de potestades públicas y afectar a la calidad democrática del municipio.
CCOO incide en que la Policía Local mantiene plazas vacantes sin cubrir mediante oferta pública de empleo y critica que, en lugar de reforzar el cuerpo, el Ayuntamiento opte por una medida que “desplaza recursos, precariza el servicio y degrada la seguridad pública”. El sindicato insiste en que debe priorizarse la creación y consolidación de empleo público estable.
La organización recuerda además que un intento similar llevado a cabo hace casi dos décadas por el gobierno de Luis Díaz Alperi fue denunciado por el Síndic de Greuges y anulado posteriormente por una sentencia del TSJCV. Añade que la Policía Local arrastra un “grave deterioro institucional”, marcado por «denuncias públicas, irregularidades y filtraciones en procesos selectivos, episodios que han colocado al Cuerpo en
el centro de la polémica y han dañado injustamente su prestigio ante la opinión pública. Esta dinámica -añaden- lejos de resolverse, se ha visto agravada por la falta de planificación, por la ausencia de una política seria de refuerzo de plantilla y por decisiones erráticas que han debilitado un servicio esencial para la ciudadanía». A su juicio, esta situación exige responsabilidad política y un refuerzo efectivo de plantilla.
CCOO considera “incomprensible” que el gobierno municipal impulse “experimentos ideológicos promovidos por Vox” que sustituyen parcialmente funciones policiales por seguridad privada. La organización asegura que esta decisión “no abarata costes, sino que los aumenta”, y advierte de que puede desencadenar “una avalancha de solicitudes de segunda actividad” dentro del cuerpo.
El sindicato exige al alcalde que rectifique, abandone estos “inventos” y centre sus esfuerzos en “fortalecer la seguridad pública, recuperar la confianza en la institución policial y garantizar una Policía Local dotada, respetada y plenamente operativa”. Informa además de que ya ha solicitado acceso a toda la documentación relativa a la contratación —incluyendo acuerdo municipal, pliegos, contrato, informes jurídicos y plantilla del cuerpo— al amparo de la Ley de Transparencia, con el fin de valorar posibles acciones administrativas y judiciales, entre ellas medidas cautelares.
Finalmente, CCOO hace un llamamiento a la ciudadanía y a las organizaciones sociales para defender la seguridad pública como “un pilar esencial que no puede quedar en manos privadas”, y espera conocer la valoración oficial de la Jefatura de la Policía Local de Alicante.
