Comienza el juicio contra el exalcalde de Bigastro y al exsecretario-interventor del Ayuntamiento acusados de los delitos de prevaricación y malversación, por las irregularidades en la adjudicación de un solar municipal.
La Fiscalía mantiene que el ex primer edil acordó en el año 2005 con una constructora la permuta de tres casas, propiedad de la empresa, por una finca municipal, correspondiente al nuevo sector del Plan General de Ordenación Urbana, el D12.
Además de las viviendas, la empresa otorgaba al consistorio una cantidad de dinero para saldar la diferencia entre los importes de las propiedades que iban a cambiar.
Según relata la acusación pública, este cambio de propiedades se realizó con vicios de ilegalidad, que conocía el exalcalde, y vulnerando las normas que se deben seguir para la enajenación de este tipo de bienes. El Ministerio Público mantiene que el proceso no se fiscalizó ni de justificó su precio o el procedimiento que se siguió, sin que el Secretario-Interventor lo advirtiera, pese a estar legalmente obligado a ello.
Paralelamente, la Fiscalía detalla que parte de los pagos que la constructora realizó en contraprestación por la diferencia de valor de las fincas, cerca de 190.000 euros, no constan contabilizados en las arcas públicas ni queda registrado que se destinara a ningún otro fin público.
El Ministerio Fiscal pide para el exalcalde siete años de prisión por un delito continuado de malversación y una pena de inhabilitación para empleo o cargo público de diez años.
Para el exsecretario, solicita seis años de cárcel por un delito continuado de malversación y de inhabilitación para empleo o cargo público de 10 años por un delito de prevaricación.
