El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defiende la actuación de su Consell ante las irregularidades detectadas en la adjudicación de viviendas públicas en Alicante. Además, reivindica la “política útil” que, según sostiene, está desarrollando frente a la etapa del anterior gobierno de izquierdas.
Así se ha pronunciado en su primera sesión de control en Les Corts Valencianes, donde PSPV y Compromís le exigen la dimisión de la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, así como del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Por otra parte, Compromís reclama además la convocatoria de elecciones.
“Llevo dos meses y medio y estoy poniendo orden a lo que no ordenaron en su día”, afirma Pérez Llorca, quien considera que lo que molesta a la oposición es que este Consell está demostrando que “con diálogo, entendimiento y colaboración” se puede hacer “una política útil”. El president rechaza entrar “en la crispación constante”.
Vivienda de protección pública y Plan VIVE
En respuesta al grupo parlamentario del PSPV, el jefe del Consell defiende la política autonómica en materia de vivienda y se refiere al Plan VIVE. Según asegura, este plan “refleja muy bien lo tiene que ser la política: el diálogo, el entendimiento y la política útil”.
Según detalla, el programa cuenta con 319 ayuntamientos adheridos de distinto color político, entre ellos 85 municipios gobernados por el PSPV. Además, contrapone las “cero viviendas sociales” puestas en marcha por el Botànic frente a las 4.800 viviendas impulsadas por el actual Consell.
En relación con la adjudicación de vivienda pública en Alicante, el president insiste en que está “poniendo orden a lo que ustedes no ordenaron en su día” y señala que “el ayuntamiento le vendió el solar de la promoción de Les Naus al promotor cuando gobernaba el Botànic”. Asimismo, muestra su indignación frente “a la información privilegiada de unos jetas”.
Pérez Llorca ensalza la actuación del Consell para investigar lo sucedido “con un funcionario que ascendió Compromís”. Además, destaca que la Conselleria de Vivienda lo ha suspendido de empleo y sueldo y ha trasladado el caso a la Fiscalía de inmediato.
Más controles y requisitos de acceso
El president apuesta por reforzar los sistemas de control en las adjudicaciones de las viviendas de protección pública, en la línea del mayor control iniciado en el decreto de 2024. Asimismo, desmiente que el Consell haya eliminado requisitos para acceder a vivienda pública.
Sobre la subida hasta los 66.000 euros del límite de renta, explica que está condicionada “a tener un menor con discapacidad a cargo, un mayor de 65 años o un dependiente y otra persona en edad de trabajar y sin encontrar trabajo”.
Por ello, se pregunta si al PSPV le molesta que las personas que reúnan estas condiciones puedan acceder a una vivienda de protección pública. Asimismo, destaca la introducción del criterio de “arraigo” de los solicitantes como elemento de baremación. El objetivo es priorizar a los vecinos en las adjudicaciones de inmuebles de protección pública.
El PSPV eleva la presión y anuncia una enmienda
Por su parte, el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, exige el cese inmediato de Camarero y denuncia que «mientras los jetas del Partido Popular se quedan un piso irregularmente y a los que la necesitan les dicen que la vida es dura». Unas declaraciones que se refieren a las palabras que habría dicho el alcalde de Alicante a una menor desahuciada junto a su familia, según ha desvelado estos días la madre.
Muñoz sostiene que «Pérez Llorca y todo el Partido Popular han perdido cualquier ápice de autoridad moral» y pregunta: «¿A qué espera para pedirles que devuelvan las viviendas?». Además, afirma que el president «solo se acuerda de la vivienda para hablar de oficinas antiokupación con VOX».
Los socialistas anuncian una enmienda al decreto del Simplifica para «multar a quienes falseen o oculten datos en la adjudicación, se vuelvan a abrir los registros con transparencia y que quienes se quedan con una vivienda de forma irregular las devuelvan» y recuerdan que «la vivienda no es un negocio es un derecho».
Diálogo frente a la crispación
En respuesta al síndic de Compromís, el president reprocha que “no quiso reunirse cuando le invité a hablar para abordar los temas prioritarios para mejorar la Comunitat Valenciana”. Al mismo tiempo, vuelve a “abrir la puerta para seguir dialogando”.
Además, denuncia que esta formación política “prefiere apoyar durante siete años al Gobierno de España sin conseguir nada para los valencianos, alicantinos y castellonenses”.
Pérez Llorca sostiene que “la sociedad valenciana está cansada de la crispación, la polarización y el enfrentamiento y lo que nos piden es estabilidad y solucionar los problemas”.
