Las lluvias torrenciales de esta semana y las sequías cada vez más frecuentes han convertido la gestión del agua en España en un reto urgente. En vísperas de las elecciones generales, ingenieros y organizaciones ecologistas han presentado sus recetas al próximo Gobierno. Sus propuestas van desde un pacto de Estado del agua y más obra hidráulica hasta un control mucho más estricto de los regadíos intensivos no sostenibles y el cierre de pozos ilegales.
Desde la óptica técnico-científica, entidades como el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Observatorio del Agua de la Fundación Botín han defendido un gran acuerdo nacional sobre el agua. Piden medidas a largo plazo que superen los ciclos electorales y que permitan planificar inversiones y actuaciones sin depender de los cambios de color político.
En el ámbito ambiental, los grupos ecologistas consultados han centrado sus demandas en frenar el suministro a regadíos industriales no sostenibles y a campos de golf. También han reclamado el cierre efectivo de los pozos ilegales. Consideran que solo así se puede garantizar el abastecimiento a la población en un escenario de estrés hídrico creciente.
Pacto de Estado y nueva obra hidráulica
El Colegio de Ingenieros de Caminos ha puesto como prioridad un pacto de Estado por el agua. Vincula este acuerdo a una planificación a diez años que identifique todas las actuaciones necesarias y asegure la financiación pública. Plantea aprovechar los fondos europeos y estudiar la colaboración público-privada en aquellos proyectos considerados viables.
Según esta entidad, el pacto debe blindar la ejecución de las infraestructuras previstas. En palabras del Colegio, ‘el acuerdo debe garantizar que las obras se ejecuten aunque cambien los gobiernos’. Defiende así una hoja de ruta estable, sin sobresaltos ligados a las alternancias políticas.
Los ingenieros han reclamado además un nuevo plan hidrológico nacional. Este documento debería coordinar los planes de cuenca con los planes específicos de sequías e inundaciones. También proponen impulsar la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, completar las actuaciones pendientes de depuración y reforzar la conservación y restauración de cauces.
El Colegio ha subrayado que ‘el mantenimiento y la modernización de nuestras presas es una responsabilidad ineludible que exige una inversión anual’. Ha recordado que ‘nuestro parque presístico es uno de los más maduros de Europa’. Advierte de que su posible deterioro y ‘el desfase tecnológico pueden conformar un riesgo en caso de que no se tomen medidas’.
Desde el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, su director, Alberto Garrido, se ha mostrado también ‘partidario’ de un pacto de Estado por el agua. Ha señalado que, a las sequías tradicionales en España, se suma ahora un contexto de menores recursos hídricos. Este escenario, a su juicio, requiere ‘una respuesta conjunta’ que deje atrás los intereses particulares.
‘Tenemos que prepararnos para unas condiciones diferentes’, ha afirmado Garrido. Ha citado proyecciones del Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) que apuntan a una reducción media de entre el 11 % y el 14 % en las aportaciones a los ríos entre 2040 y 2070, según el escenario climático.
El director del Observatorio ha recordado que los usos agrarios concentran alrededor del 75 % de la demanda de agua en España. Ha advertido de que ‘el cambio climático puede hacer cada vez más difícil cubrir las necesidades del sector’. Por ello, ha defendido reducir pérdidas en las redes de distribución, ajustar los riegos a las necesidades reales de los cultivos y analizar el papel del agua regenerada o desalada en aquellas zonas donde las fuentes convencionales resulten insuficientes.
Exigencias de los grupos ecologistas
Las organizaciones ecologistas consultadas han puesto el foco en la reforma de la ley de Aguas. Plantean adaptarla a los nuevos escenarios climáticos, con el fin de ajustar la planificación hidrológica, moderar el consumo y asegurar una distribución justa y sostenible de los recursos.
El responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, Julio Barea, ha recordado que el consumo hídrico no se ha reducido pese al cambio climático. ‘Todo lo contrario’, ha apuntado. En su opinión, ‘tenemos que hacer mucho más hincapié’ en la prioridad de los usos sociales del agua frente a otros aprovechamientos.
Según sus datos, en torno al 80 % del agua se destina a regadíos intensivos e industriales. Barea ha denunciado que estos sistemas ‘están esquilmando el reparto justo y sostenible’. Ha añadido que ‘se está aniquilando a los pequeños agricultores familiares, sostenibles, que fijan territorio’.
El representante de Greenpeace defiende priorizar de forma clara el suministro de agua a las personas vulnerables. En sentido contrario, propone gravar el exceso de consumo de actividades como los campos de golf, las grandes industrias o los centros de datos.
Barea ha reclamado además reforzar la eficiencia en el uso del agua y la reutilización. Pide mejorar el saneamiento en las pequeñas poblaciones, recuperar los acuíferos y clausurar los pozos ilegales que siguen operando.
Por su parte, la coordinadora de Ecologistas en Acción, Érika González, ha exigido cortar las dotaciones de agua a ciertos regadíos industriales. Asegura que estos sistemas ‘están sobreexplotando de manera muy grave todos los ecosistemas hídricos’.
González se ha mostrado escéptica ante la idea de un pacto de Estado del agua. Ha recordado que, en su opinión, ‘cuando se ha planteado previamente algo así ha sido para mal, para incrementar la sobreexplotación de los ecosistemas, de los acuíferos, de los ríos, de los humedales…’.
Respecto a los planes hidrológicos de cuenca, la coordinadora de Ecologistas en Acción considera insuficientes los caudales ecológicos fijados. Ha afirmado que son ‘totalmente insuficientes’. Ha reclamado ‘revisar al alza’ esos caudales para que se aproximen todo lo posible al caudal natural de los ríos y garanticen así el buen estado de los ecosistemas asociados.
