Casi dos años después de la DANA de 2024, las nuevas lluvias han vuelto a poner sobre la mesa una asignatura pendiente: el alcantarillado de los municipios afectados sigue sin recuperarse. El Gobierno central, en lugar de ejecutar directamente las obras, optó por transferir 300 millones de euros a unos ayuntamientos que ya estaban al límite con las tareas de reconstrucción.
Un avance insuficiente
Los números reflejan la magnitud del retraso: solo se ha llevado a cabo el 11,25 % de las actuaciones previstas. En vez de coordinar la respuesta desde el Estado, se dejó en manos de los municipios una tarea que superaba su capacidad.
Tanto la Generalitat como los propios consistorios advirtieron desde el inicio de que este reparto no era sostenible. El Consell solicitó modificar la normativa estatal y disponer de más agilidad para acometer obras de emergencia. Estas peticiones no recibieron respuesta.
Un modelo distinto: la retirada de residuos
El contraste queda claro si se compara con la gestión de los residuos generados por la riada. Aunque también era competencia municipal, la Generalitat no se conformó con transferir dinero: puso en marcha contratos de emergencia y ejecutó los trabajos de forma directa, sin sobrecargar de gestiones a los ayuntamientos y con una respuesta más rápida.
Infraestructuras hidráulicas todavía sin iniciar
El Gobierno tampoco ha puesto en marcha las grandes infraestructuras hidráulicas pendientes. Los encauzamientos del barranco del Poyo y de La Saleta continúan sin comenzar, más allá de algunas actuaciones de emergencia puntuales.
Algo similar ocurre con las obras antirriadas ordinarias, competencia estatal, cuya ejecución apenas alcanza el 5 %. Mientras tanto, la Generalitat ha seguido interviniendo de forma directa allí donde lo ha visto necesario.
La alerta por inundaciones, otra promesa sin cumplir
A este retraso se suma otra carencia: dos años después, los cauces y barrancos siguen sin el sistema de alerta por riesgo de inundación que Pedro Sánchez prometió tras la tragedia.
Menos trámites, más soluciones
Desde los municipios reclaman lo mismo desde hace meses: no más burocracia, sino obras, rapidez y respaldo institucional. El Gobierno debe asumir de una vez sus responsabilidades y acelerar tanto el arreglo del alcantarillado como las infraestructuras hidráulicas que llevan pendientes desde 2024.
Asimismo, el Ejecutivo central debe limpiar los cauces antes de la próxima temporada de lluvias, activar el sistema de alerta temprana y hacer efectivos los planes de emergencia de los embalses.
