La sección sindical de TAMPM en Alicante Cumplimiento, conocida como Fontcalent, ha denunciado la situación de los Servicios Sanitarios del centro penitenciario, donde explican que de las siete plazas de médicos de la Relación de Puestos de Trabajo, solo se encuentran cubiertas dos, además de un Subdirector Médico y que las cinco vacantes existentes se resuelven contratando a una profesional que acude tan solo dos tardes a la semana durante cuatro horas. Los funcionarios han interpuesto la reclamación en Dirección para elevarla a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Manifiesta el sindicato que la carencia de personal facultativo afecta directamente a la atención sanitaria de las personas privadas de libertad con consecuencias como que “hay días y noches en los que no se garantiza la asistencia por profesionales médicos a los 800 presos presentes en la cárcel alicantina” y “hace meses que dejaron de realizarse las consultas médicas semanales programadas, teniendo los internos que ser atendidos únicamente por motivos urgentes”. Además, los menores de la Unidad de Madres dependen de que acuda un pediatra de una ONG de Elche y a las internas madres las visita un ginecólogo voluntario.
TAMPM considera que los problemas que generan en las cárceles las carencias de profesionales de la salud no se limitan al ámbito sanitario, sino que afectan también a la seguridad de las personas privadas de libertad y de los trabajadores. En este sentido, recuerdan que el 2 de mayo varios presos amotinados retuvieron violentamente durante más de una hora a la directora, el subdirector de seguridad, el administrador y varios funcionarios del Centro Penitenciario de León en protesta por el fallecimiento de un interno, achacándolo los reos a la deficiente atención médica.
La ausencia de médico de presencia física en el Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento “implica que la enfermera de guardia asuma nuevos roles como el triaje de urgencias, la atención de las mismas posteriormente a través del GAT (Telemedicina), la derivación hospitalaria del interno en los momentos en los que no está activo el servicio de telemedicina o cuando el médico del centro se encuentra de guardia localizada (no presencial). La atención telefónica de las incidencias del centro (valoración de urgencias, sanciones) por parte del médico con guardia localizada ralentiza el normal desarrollo del trabajo de la enfermera de la prisión, que pasa a actuar como una intermediaria con labores administrativas”.
Según fuentes sindicales, estas nuevas funciones asumidas por la enfermera de guardia repercuten de forma directa en el tiempo que dispone para realizar la consulta de enfermería, donde se lleva a cabo el control de internos con enfermedades crónicas, su seguimiento y la educación para la salud. “Todo ello afecta de manera muy negativa en la salud de las personas que padecen este tipo de dolencias”.
Las competencias de las enfermeras en Instituciones Penitenciarias aparecen recogidas en una legislación del año 1981, que denuncian que está “absolutamente obsoleta e incompatible con las funciones establecidas en la actual Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias”. En 2003 se aprobó la transferencia de la sanidad penitenciaria a los diferentes sistemas sanitarios autonómicos, pero manifiestan que no está previsto que la misma se lleve a cabo transcurridos más de 20 años. “Tras más de una legislatura en el cargo, el secretario general Ángel Luis Ortiz no ha podido cumplir con sus promesas iniciales de poner al día y de transferir estas competencias, a pesar de haberlo anunciado y publicitado en numerosas ocasiones”.
Para llevar a cabo sus funciones, las enfermeras entran a diario en los departamentos residenciales del centro, “pese a percibir el complemento salarial por peligrosidad más bajo de todos los funcionarios de prisiones. Se les remunera como si su trabajo lo realizasen en una oficina, cuando lo llevan a cabo en contacto directo con los internos”.
Así, alertan que es “preocupante” el aumento de las agresiones sexistas que sufren las profesionales sanitarias en el ámbito penitenciario, “sobre todo verbales en forma de insultos vejatorios que atentan contra su honor y que incluyen expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual”. Y reclaman a la institución en su conjunto “una seria reflexión sobre la gravedad de estas conductas con consecuencias penales para sus autores” y establecer planes de actuación claros para concienciar sobre la necesidad de atajarlas de raíz llevando a cabo las modificaciones del régimen disciplinario necesarias.
