La polémica del “pin parental” de esta semana ha sido una estrategia de Vox para manejar la agenda política y conseguir más visibilidad mediática. Lo que el partido de Abascal pretende es que aquellas materias que no formen parte de las asignaturas necesiten autorización. Esto ya se aplica en países como Estados Unidos, como se demuestra en la escena que circula de “Los Simpson”.
El problema surge cuando el gobierno entra en el juego de la derecha radical, polarizando aún más la situación, sin caer en la cuenta de que el partido verde gana en ese terreno porque se afianza aún más a su posible electorado. El problema también surge cuando Celaá dice que los hijos no pertenecen a los padres, avivando más el fuego.
Los niños no son de nadie. Ni de los padres ni mucho menos del Estado cual dictadura fascista o comunista. Los niños son personas y, por tanto, libres, pero están sujetos al control y a la educación de sus padres con el fin del pleno desarrollo de su personalidad. Y en un mundo en el que el feminismo radical campa a sus anchas con un gobierno de coalición progresista que justifica sus palabras, los padres deben proteger a los hijos frente a cualquier tipo de radicalidad.
El Estado debe asegurar una educación objetiva sobre la realidad que nos rodea, en el colegio, en institutos y en universidades. El hecho de que asociaciones feministas o LGTBI, como grupos de interés que son, impartan cursos a niños, hace peligrar la objetividad. ¿Queremos que los niños respeten los derechos humanos y la igualdad? Pues que haya una asignatura obligatoria para enseñar valores cívicos y democráticos, desde la objetividad. Así no haría falta ni PIN ni PUK.
David Ingelmo Rodríguez.
Politólogo. Málaga.
