El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha defendido en Elche una reforma legal que permita desalojar en 48 horas a quienes ocupan ilegalmente una vivienda y ha asegurado que combatir la ocupación es compatible con abordar la falta de vivienda.
Albiol ha realizado estas declaraciones durante una visita oficial a Elche, invitado por el alcalde ilicitano, el también popular Pablo Ruz. Ambos han centrado parte del encuentro en el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y en las herramientas municipales para hacerle frente.
Según ha indicado el alcalde de Badalona, la ocupación ilegal es ‘un problema real’ en su ciudad. Ha sostenido además que, a su juicio, el 45 por ciento de los casos registrados en España se produce en Cataluña, lo que, ha apuntado, incrementa la presión sobre los ayuntamientos de ese territorio.
Más de la mitad de los intentos de ocupación
Albiol ha explicado que en Badalona están logrando evitar más de la mitad de los casos de ocupación que se intentan en el municipio gracias a la actuación coordinada de los servicios municipales y de la policía local. Sin embargo, ha advertido de que la respuesta desde el ámbito local tiene un alcance limitado mientras no se modifique la legislación estatal.
‘Mientras no se cambie la ley no vamos a poder dar satisfacción a nuestros vecinos’, ha afirmado. En su opinión, ‘la inmensa mayoría‘ de las personas que ocupan una vivienda ‘no lo hacen por necesidad’, sino porque forman parte de un negocio o responden a un ‘modus vivendi’ basado en aprovechar vacíos legales.
El dirigente popular ha defendido por ello un cambio normativo que establezca un plazo máximo de 48 horas para desalojar a los okupas cuando se acredite la ocupación ilegal. Ha considerado que un procedimiento más ágil ofrecería mayor seguridad a los propietarios y también a las comunidades de vecinos que conviven con estas situaciones.
Durante su visita, Albiol ha valorado de forma positiva la creación en Elche de una oficina específica contra la ocupación. Ha propuesto además compartir experiencias entre ambas ciudades para perfeccionar los protocolos de actuación frente a estos casos y reforzar la coordinación entre administraciones.
Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha detallado que la oficina ilicitana ofrece asesoramiento jurídico a los afectados por ocupaciones ilegales. Ha indicado que el municipio registró más de 150 ocupaciones el año pasado, una cifra que, ha reconocido, refleja la dimensión del problema.
Ruz ha advertido de que ‘hasta que no cambie la ley tenemos un margen muy reducido‘ para actuar desde el ayuntamiento. Ha coincidido con su homólogo de Badalona en que la colaboración entre ciudades y el intercambio de información pueden contribuir a afrontar con más eficacia la ocupación de viviendas, a la espera de posibles cambios legales que marquen un antes y un después en los plazos de desalojo.
