El pleno de Les Corts Valencianes aprobará el próximo miércoles, gracias al apoyo de Vox, los presupuestos de la Generalitat para 2026, los terceros de esta legislatura y los primeros de Juanfran Pérez Llorca como president, tras un debate que estará centrado de nuevo en el término ‘prioridad nacional’.
Les Corts darán en un pleno de dos días el último paso para aprobar unas cuentas públicas de 33.305 millones de euros -un 3,1 % más que las anteriores-, cuya tramitación comenzó a finales de mayo tras el acuerdo con Vox del PP, que tiene diez escaños menos que la mayoría absoluta y por tanto necesita su apoyo para sacarlas adelante.
La ‘prioridad nacional’
Durante la tramitación del proyecto de ley, Vox ha destacado que estos presupuestos incluyen por primera vez el principio de ‘prioridad nacional’, sin el cual no los apoyarán, porque opina que «los recursos son limitados» y hay que dar preferencia a los españoles, especialmente en materias como la vivienda pública y las políticas sociales.
En el debate en comisión el PP aprobó enmiendas de Vox para impulsar ayudas a las familias valencianas para la crianza y manutención de hijos «que sigan el principio de prioridad nacional» o para incorporar «el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente», para facilitar el acceso a la vivienda a «quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana».
El PP ha sostenido que está de acuerdo en aplicar criterios «de arraigo» para acceder a ayudas, como ya hacen «muchos ayuntamientos», mientras que el Consell ha defendido que la ‘prioridad nacional’ «no va más allá» de lo que prevé la Constitución y que el criterio de arraigo se establece en distintas administraciones «desde siempre».
Posible recurso al Constitucional
Por el contrario, los socialistas han criticado que la Comunitat Valenciana será la primera en tener «una prioridad racista y xenófoba» en sus presupuestos; piden en sus enmiendas «impedir la incorporación de cualquier criterio de preferencia, prioridad, exclusión o trato diferenciado basado en la nacionalidad», y han avisado de que si finalmente se incorporan la ‘prioridad nacional’ el Gobierno de España recurrirá estos presupuestos ante el Tribunal Constitucional.
Tanto los socialistas como el otro grupo de la oposición, Compromís, han afirmado que estos terceros presupuestos de la legislatura, que saldrán adelante gracias de nuevo a la suma de PP y Vox, recortan en políticas públicas de igualdad, diversidad, diálogo social o colaboración con las ONG e incluyen «la segregación racional y la discriminación».
En esta legislatura, los primeros presupuestos fueron los de 2024, que PP y Vox aprobaron en diciembre de 2023 y se prorrogaron tras la tragedia de la dana. Los segundos, los del ejercicio de 2025, se aprobaron a finales de mayo de 2025, de nuevo tras un acuerdo por el que Vox volvió a sumar sus 13 votos a los 40 del PP en un hemiciclo formado por 99 diputados.
Las cuentas de 2025 también se prorrogaron, tras la llegada de Pérez Llorca a la presidencia dela Generalitat a finales del año pasado después de la dimisión de Carlos Mazón, y ahora serán sustituidas por las cuentas públicas que se aprobarán la semana que viene.
El siguiente paso presupuestario será la aprobación, el próximo 31 de julio, de la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, más conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos, en un pleno que pondrá fin al actual periodo de sesiones y dará inicio a las vacaciones parlamentarias.
Previamente, la semana próxima volverá a reunirse, el jueves, la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública del residencial Les Naus de Alicante, en la que se ha citado al exalcalde socialista Gabriel Echávarri y a gestores de la cooperativa.
