La Generalitat ha reclamado al Gobierno central que repare el embalse de San Diego para garantizar el suministro de agua a los regantes de la provincia de Alicante y asegurar la continuidad del trasvase Júcar-Vinalopó. La directora general del Agua y Desarrollo Rural, Lourdes Pérez Berná, ha subrayado “la necesidad y urgencia” de acometer estas obras por su impacto directo en el regadío y el abastecimiento.
Pérez Berná ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida con el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, Ángel Urbina. El encuentro se ha centrado en la situación crítica de las infraestructuras hidráulicas que afectan al abastecimiento y al regadío en la provincia de Alicante.
La directora general ha señalado que “para que el agua llegue a los regantes y sean operativos los tramos I y II de las obras del postrasvase, el Ejecutivo central se tiene que comprometer a reparar la balsa de San Diego”. Ha denunciado que la mala construcción de esta balsa de regulación está paralizando el funcionamiento del trasvase Júcar-Vinalopó, una infraestructura estratégica para el desarrollo agrícola y económico del territorio.
Una infraestructura con pérdidas desde su construcción
Pérez Berná ha recordado que el embalse de San Diego presenta pérdidas de agua desde su construcción en 2010, pese a que se invirtieron 40 millones de euros en su ejecución. Ha calificado esta situación de “inaceptable” y ha exigido una respuesta inmediata por parte del Gobierno central para corregir las deficiencias detectadas.
La directora general ha destacado que alrededor de 70.000 hectáreas de cultivos de la provincia de Alicante dependen de esta infraestructura para recibir agua de riego y mantener su actividad agraria. Este hecho, ha indicado, pone de manifiesto el elevado impacto social, económico y territorial que tiene su correcto funcionamiento.
Críticas a la política hídrica del Gobierno central
Además, Pérez Berná ha lamentado que “cada decisión hídrica del Gobierno central es un ataque político a la Comunitat Valenciana” y ha insistido en que la política del agua debe basarse en “criterios técnicos, de equidad territorial y de garantía de recursos para los regantes y el abastecimiento urbano”.
“La reparación urgente del embalse de San Diego no es solo una cuestión técnica, sino una prioridad estratégica para asegurar el futuro del regadío, la sostenibilidad hídrica y el desarrollo económico de la provincia de Alicante y de toda la Comunitat Valenciana”, ha concluido la directora general.
