Hoy comienza el juicio contra el exalcalde de Bigastro, al exsecretario del Ayuntamiento y a un funcionario municipal, acusados de irregularidades en la adjudicación de la urbanización de parte del PGOU del municipio, y de quedarse con parte del dinero recibido por la empresa adjudicataria.
Los hechos ocurrieron entre los 2004 y 2006 cuando, según mantiene la Fiscalía, los procesados adjudicaron a una empresa la condición de agente urbanizador del sector D12 del Plan General de Ordenación Urbana, antes de que se éste se aprobara definitivamente y de que finalizara su tramitación. Los procesados habrían realizado la adjudicación vulnerando las normas de libre concurrencia.
Por otra parte, la acusación pública mantiene que los encausados se quedaron para su propio beneficio con parte del dinero que la empresa abonó y que debían ingresar en las arcas municipales.
El Ministerio Público solicita para el exalcalde una pena de prisión de siete años por un delito continuado de malversación de caudales públicos y de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
Para el exsecretario, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por un delito de malversación y 12 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Para el funcionario, la acusación pública solicita cinco años de prisión por un delito de malversación.
